Desde ATE confirmaron que hoy salió una orden de captura para el secretario General, Rodolfo Aguiar, por las protestas realizadas por trabajadores municipales sobre la Ruta Nacional 151 a la altura del kilómetro 22 frente a la localidad de Contralmirante Cordero el año pasado.

“Es un acto de persecución sin antecedentes” dijeron desde el gremio, y acusaron al presidente Mauricio Macri y al gobernador Alberto Weretilneck de instigar la detención de Aguiar. También dijeron que la orden a la Justicia provino de los gobernantes.

“Los acusados de violación, corrupción estatal o narcotraficantes están libres y a nosotros nos quieren presos a pesar que siempre estuvimos a derecho” se quejó el dirigente. “Se están produciendo hechos que nada tienen que ver con la democracia y se comienzan a vulnerar garantías constitucionales de la ciudadanía”, denunció.

Y aseguró que “la justicia federal sigue en este momento ordenes directas de Macri y Weretilneck. Nos quieren privar de nuestra libertad y vulneran derechos esenciales. Es altamente preocupante la falta de división de poderes y de independencia de los jueces y fiscales. Estamos asistiendo a un cambio brusco en el accionar de la justicia. Ya no disimulan su decisión de perseguirnos hasta intentar acallarnos”, fustigó Aguiar en declaraciones.

El Juez Hugo Greca a cargo de la causa en la que se imputa al máximo referente de los estatales y de la central obrera notificó su pedido de detención a la Policía Federal Argentina (PFA) a los organismos de colaboración entre fuerzas (red ISOPRO) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los hechos que se investigan están vinculados a las protestas realizadas por trabajadores municipales sobre la Ruta Nacional 151 a la altura del kilómetro 22 frente a la localidad de Contralmirante Cordero el año pasado y se lo acusa a Aguiar de obstruir la libre prestación de los servicios públicos, delito contemplado en el artículo 194 del código penal.

“Los aspectos que muestran que la decisión de intentar privar de la libertad al dirigente gremial es absolutamente arbitraria, ilegal y violatoria de garantías constitucionales esenciales, son que a diferencia de otros imputados no se le permitió a Aguiar poder postergar la audiencia en más de una ocasión, como por ejemplo en esta última, habiendo presentado la semana pasada un escrito con argumentos suficientes, también que el juez haga mención al supuesto comportamiento demostrado en otras causas o que se valga de la copia de los pasajes aéreos presentados en el expediente para intentar la detención en algún aeropuerto”, explicaron desde el gremio.

ATE denunció “la profundización de la judicialización de la protesta social en Río Negro y un cambio abrupto en los integrantes de la Justicia Federal que denotan el objetivo claro que persiguen los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Weretilneck y que es el de acelerar los procesos y encarcelar a Aguiar para disciplinar a los trabajadores e intentar bajar los altos niveles de conflictividad en la provincia”.