Presentó un proyecto de Ley para una consulta popular vinculante en materia ambiental. La iniciativa llega en pleno debate por la instalción en Río Negro de una central nuclear. La norma busca incorporar herramientas, para que la participación ciudadana tenga peso jurídico.

Según consta en los fundamentos de ley, se busca garantizar la participación ciudadana en materia ambiental. Esto implica la incorporación de instrumentos destinados a asegurar la intervención de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente.

El derecho a la participación se instrumenta a través del acceso a la información ambiental, audiencias públicas y consulta popular ambiental.

La consulta popular ambiental se llevará a cabo cuando se proyecten obras o actividades que modifiquen el ambiente de manera irreversible o aquellas cuyos efectos comprometan a las generaciones futuras o las que por su peligrosidad puedan generar un impacto negativo a gran escala. En particular:

-Construcción de represas, diques u obras de infraestructura de gran escala, que afecten cursos de aguas o humedales o que impliquen reubicación de la población,

-Obras de infraestructura y producción de energía nuclear,

-Explotación de hidrocarburos por sistemas no convencionales,

-La explotación minera a gran escala o a cielo abierto;

También cuando un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental sea categorizado por la autoridad ambiental –de oficio o a solicitud de los interesados, las organizaciones no gubernamentales o el defensor del pueblo- como de alta complejidad ambiental y habiendo sido dictada la declaración de impacto concediendo la licencia ambiental, genere un especial conflicto social; o sea promovido por la población del área potencialmente afectada con la reunión de una cantidad de firmas proporcionales al número de habitantes.

La inciativa impone que el Poder Ejecutivo Provincial deberá convocar la consulta, de oficio o ante el requerimiento fundado de cualquier persona u organismo y podrán participar quienes se encuentren en el padrón electoral provincial.Y que los resultados de la consulta popular ambiental serán vinculantes a los fines del dictado del acto administrativo correspondiente o la declaración de impacto que conceda o rechace la licencia ambiental, que debe ser aplicado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Provincia o quien en un futuro la reemplace.