Estos fríos  días de junio han sido los principales testigos de los esfuerzos para convertir el agresivo e indebido intento de la provincia de Buenos Aires ante la Autoridad de Cuenca (AIC) de obtener seguridades de que obtendrá 200 metros cúbicos por segundo del río Negro en forma permanente, en un hecho heroico reivindicativo de dimensiones homéricas, cuando en realidad todo se circunscribió a un simple acto administrativo, absolutamente alejado de esas pretensiones y su consecuente relato.

La realidad indica que todo se limitó a la firma de un acuerdo entre Buenos Aires y Río Negro -a través de sus representantes en el organismo- para llevar a cabo el estudio integral de la cuenca del río Negro con la finalidad de establecer de manera inequívoca los volúmenes que le corresponde a cada un de las provincias condominas del recurso.

Cabe aclarar que el representante de Neuquén Elías Sapag hizo conocer su voto contrario, por presumir con razón, que detrás de todo este trámite se esconde la intención de los funcionarios de la gobernadora María Eugenia Vidal de obtener más agua de la que le correspondería al “primer estado argentino”.

Al respecto caben algunas aclaraciones, siendo la primera que al acuerdo no concede ni compromete ni contrae obligaciones futuras con Buenos Aires respecto del más importante recurso rionegrino y que el acta está exclusivamente referido al proyecto del estudio integral de la cuenca.

Además la actitud del Ing. Fernando Curetti, jefe del Departamento de Aguas (DPA) de Rio Negro y ahora titular del Comité Ejecutivo de la AIC, también contrario a cualquier forma de trasvasamiento, no pudo negarse a formalizar el  convenio y  realizar el estudio para la distribución del recurso hídrico, obligación que tiene contraída la AIC y consta en el Artículo 5º Inciso “b” de su acta fundacional que nunca  se cumplió hasta el momento.

Esta conducta tuvo como directo antecedente la reunión realizada en Buenos Aires el 23 de diciembre del 2015 donde sesionó el consejo de Gobierno de la AIC presidida por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, y los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, de Neuquén Omar Gutiérrez y de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

La carismática mandataria estuvo solo diez o quince minutos en las deliberaciones y peticionó allí la ejecución del estudio para determinar los cupos que correspondiese a cada provincia, que contó con la aprobación de los presentes por ser de conveniencia para todos. De todas maneras a la gobernadora Vidal no se la puede desentender del proyecto de trasvasamiento que está alentando y promueve, porque han ocurrido hechos vinculados con el tema que deben ser  de su conocimiento.

Como por ejemplo la reunión de la localidad de Hilario Ascasubi celebrada el 8 de septiembre del 2016 en las denominadas jornadas de Aprovechamiento Integral de los Recursos Hídricos del sur bonaerense, conde estuvieron presentes funcionarios provinciales y municipales de Villarino y Patagones, y donde uno de los temas fue taxativamente “El trasvasamiento del rio Negro al Colorado”.

Al respecto merece actualizarse un proyecto de declaración del bloque del FpV, lamentablemente demorado hasta hoy en algunas comisiones parlamentarias de la legislatura provincial, entre ellas las de Recursos Hídricos, muestra de la falta de importancia que algunos legisladores le otorgan a la defensa y resguardo del río.

Ese proyecto cuestiona en términos severos las conclusiones del encuentro de H. Ascasubi, y menciona a la ley 1906, de la propia legislatura de 1984, que  fija toda una doctrina de la provincia cuando “desecha al convenio inter estadual de Distribución de caudales del río Colorado celebrado el 26 de octubre de 1976 entre los representantes de facto de Mendoza, Buenos Aires, Neuquén, La  Pampa Buenos Aires y Río Negro todo lo referido al trasvasamiento de aguas del río Negro y Colorado, declarando a la provincia de Rio Negro desobligada de todos los compromisos asumidos por tal motivo”.

La nueva arremetida de los últimos días ratifica las renovadas e intolerables apetencias de Buenos Aires sobre los recursos del río Negro que se vienen incentivando desde esa fecha.

Desde los planteos originales ya expresados en el tratado del convenio de 1976 que le adjudicaba por aproximación 50 metros cúbicos de agua por segundo a Buenos Aires teniendo en cuenta su extensión de costa ribereña, ahora ya exigen sin fundamento alguno 200 metros cúbicos por segundo para regar nada menos que 600 mil hectáreas.

Como estos conflictos de intereses no se deben manejar con subjetividades ni voluntarismos, cualquier conocedor sabe muy bien que a Buenos Aires no le corresponde mas del 4 % de la cuenca y desde allí deben surgir sus peticiones, que no pueden ir mas allá de los volúmenes que le corresponde o con la intención de vulnerar así los intereses de los terceros condóminos.

Consultado el Ing. Mario de Rege, ex titular del DPA, consignó a la agencia APP, que a Buenos Aires  podrían corresponder unos 50 metros cúbicos por segundo teniendo en cuenta la extensión de su ribera norte desde la desembocadura hasta el Meridiano V, y si se mide la cuenca por kilómetros cuadrados, seguramente mucho menos.

Se sabe que la nota elevada por los funcionarios Pablo Rodríguez y Miguel Tezanos Pintos al titular de la AIC, es casi un borrador de muy escaso nivel técnico. Se asemeja más a un documento proselitista dirigido a la opinión pública del sudoeste de Buenos Aires en estos tiempos de campaña con fines electorales, que a una presentación técnica ante la máxima autoridad de la cuenca.

Según el neuquino Elías Sapag, “los bonaerenses presentaron ideas sin ningún estudio o puntos de referencias”. Un verdadero ejercicio de audacia e improvisación, en el marco de una torpe jugada política.

 

En algunos casos y a simple vista se aprecian volúmenes exagerados por sobre las necesidades de algunos proyectos, y en otros serios errores de apreciación como la intención de regar 600 mil hectáreas con 200 metros cúbicos por segundo, algo imposible.

Ese volumen de agua que seguramente no será concedido, no alcanza ni remotamente para regar toda esa superficie, salvo que las autoridades bonaerenses pretendan marginar al partido de Patagones del faraónico e inviable proyecto.

Todas estas especulaciones deberán afrontar un riguroso estudio científico, a prueba de presiones y caprichos, para que un equipo interdisciplinario pueda resolver una cuestión de tanta complejidad para clasificar y decidir sobre la viabilidad técnica y económica de cada proyecto que se presente y sin afectar los intereses de los restante condóminos.

Hay que recordar que el estudio integral del Rio Colorado  se realizó ya hace muchos  tiempo, en parte por técnicos argentinos, pero concluyó finalmente en el Instituto Tecnológico de Massachuset, en los Estados Unidos, y finalizó después de siete años.

En la mencionada reunión del ministro del Interior con los gobernadores de diciembre próximo pasado, Rogelio Frigerio sugirió contratar a una empresa consultora para tal cometido. Esa sugerencia no es aceptada por los técnicos de la AIC y por los representantes de Rio Negro y Neuquén, refractarios a introducir caballos de Troya  o todo lo que se le parezca en ese trabajo,  confiados que en las jurisdicciones de la cuenca hay técnicos con solvencia para afrontar ese compromiso.

No obstante llamó mucho la atención el comportamiento del funcionario bonaerense, Rodrigo Silvosa, quien el viernes pasado anunció, sin fundamento alguno, y faltando a la verdad, que a fines de año la AIC llamará a licitación para contratar una consultora.

Vildosa es politólogo y con ese titulo -aunque parezca mentira- está a cargo de la Subsecretaria de Recursos Hídricos, anatemizada por la prensa de La Plata por ser responsable “de todos los atrasos que hay en las obras hídricas de la provincia y la sub ejecución  presupuestaria de esos proyectos”.

La realización del estudio pormenorizado de toda la cuenca, pondrá las cosas en su lugar y bajo  la luz del sol, se desmitificarán las ensoñaciones y patrañas como las del trasvasamiento, que algunos podían soñar solamente en la épocas de los territorios nacionales, donde se podían succionar de allí recursos con impunidad y sin rendición de cuentas ante nadie, para favorecer áreas extra regionales, pero que son inconcebibles en las hoy provincias autónomas, estados federales, con pleno ejercicio de su soberanía.

Mientras tanto los rionegrinos apelamos al viejo aforismo romano, despojándolo de toda connotación bélica y reduciéndola a su significación conceptual: “Si vis pacem para bellum”: si quieres la paz prepárate para la guerra.

 

Adriana Santagati será la Defensora del Pueblo y la secundará una figura del FpV

 En los últimos días se fue afianzando la ya generalizada creencia que Adriana Santagati, quien se desempeña actualmente como segunda funcionaria del órgano de contralor externo, sería designada oficialmente como titular de la Defensoría del Pueblo, funciones que cumplió durante los últimos cinco años, su antecesora, la abogada de Villa Regina, Nadina Díaz.

Trascendió que Santagati tiene a su favor los votos de el oficialista JSRN y sus aliados, pero hace falta todavía el aporte de algunas voluntades del bloque del FPV para arribar a los dos tercios, la mayoría especial que se requiere en estos casos.

Pero por su parte la bancada que preside Alejandro Marinao presenta como candidatos a co-defensor a tres figuras que se destacaron en el grupo finalistas de los diez que fueron seleccionados  del total de los inscriptos, que son los aspirantes Roberto Meschini, Juan Manuel  Chironi, y Cesar Domínguez que no cuentan a su vez con el respaldo unificado de los legisladores de ese signo partidario.

Hay que tener en cuenta que el clima interno en el bloque del FpV no es el mejor, sobre todo después que allí los votos fueron divididos ante al Plan Castello, cuando seis legisladores lo avalaron, y el resto de sus pares lo hicieron en sentido contrario.

La disyuntiva es ahora intentar unificar las posiciones detrás de un mismo candidato, para no volver a reiterar el voto dividido que significaría fijar actitudes sin retorno para la armonía y convivencia política futura en ese ámbito parlamentario.

Y sobre un tema que no tiene la relevancia de otros anteriores, como la aprobación del presupuesto provincial o el mismo Plan Castello. La variante que resta será dejar en libertad de acción a los legisladores, hipótesis que facilitará la consagración de Adriana Santagatti como Defensora del Pueblo.

La  tendencia no está todavía corroborada oficialmente, lo que sería solamente una cuestión de detalle, ya que en estos últimos días se recogieron importantes testimonios de protagonistas influyentes, indicativas que la voluntad del oficialismo gobernante apunta en esa dirección y que cuenta con el aval del propio gobernador Weretilneck y sus mas importantes voceros.

Todo este proceso no se remite solamente a la formalidad de un mero cambio en una importante área del Estado, sino que se caracteriza por tener un efecto muy fuerte, seguramente no querido, en el oficialismo gobernante, considerando la relación que une al legislador de JSRN, Oscar Díaz, padre de Nadina Díaz y a la vez referente  político de esa agrupación en Villa Regina y otras áreas del Alto Valle, con el gobernador Weretilneck. Un vínculo no solo institucional, sino que se inscribe en el marco de la amistad y la identidad político-partidaria.

Es decir que estos acontecimientos tendrán repercusiones en el seno del bloque oficialista, que ya fuera sacudido internamente por el alejamiento primero y la aceptación después, de la renuncia del sindicalista del gremio de la fruta Rubén López.

En síntesis en este inminente desenlace, están de por medio la actual defensora mandato vencido, su padre, el legislador Díaz, y el gobernador, a quienes desde hace tiempo los une una relación de índole no solo institucional, sino política y  amistosa.

A su vez  esta coincidencia se suma a otra similar como lo es el vínculo que mantienen por el cumplimiento de sus respectivas funciones Alberto Weretilneck  y el titular de la UPCN Juan Carlos Scalesi, una figura sindical proclive a contemporizar con el poder político, mantener la paz social, reclamar reivindicaciones mediante el diálogo y los consensos, y su esposa Adriana Santagatti, también de fluidas relaciones con el primer mandatario provincial.

Este marco referencial obliga a recordar un hecho que es público y notorio, que desde el mismo momento del inicio de la gestión al frente de la Defensoría, hace ya un quinquenio, Díaz y Santagatti evidenciaron una dificultosa relación, que se exteriorizó en incompatibilidades reciprocas de carácter que se mantuvieron sin variantes en todo el período hasta hoy.

Ahora, cosas de la política, donde rara vez juega la casualidad, y la mayoría de las veces se impone la causalidad, se produciría el encumbramiento de Santagatti a la titularidad de la Defensoría, mientras  Nadina Díaz resignaría su mandato  por los imperativos de la alternancia democrática pero no a su vocación por las cuestiones públicas.

Con respecto a su futuro inmediato, hay quienes descuentan que la Dra. Díaz ocupará  otras importantes funciones en los niveles del Estado, mientras no faltan observadores que aseguran la existencia de algún ofrecimiento para incorporarse a las lides  de la política partidaria.

La mecánica que va a definir el nuevo capítulo de cinco años en la Defensoría del Pueblo quedará completada de un momento a otro, seguramente el día 15 del corriente, cuando se acuerde qué aspirante de los finalistas restantes logrará los cinco votos  del  Frente para la Victoria que requiere Juntos Somos Río Negro, lo que será el empujón decisivo para definir el nombre y apellido del segundo que acompañará a la nueva defensora. (APP)