En un país que se propusiese mantener elevados los valores de la transparencia y la independencia judicial, el Gobierno sería el primero en alentar una investigación profunda de todas las hipótesis del crimen de Fabián Gutiérrez.

En cambio, la primera reacción del presidente Alberto Fernández ha sido calificar de “canallesco” y “miserable” el reclamo del PRO, la UCR y la Coalición Cívica de asignar la mayor prioridad y limpidez a un caso que reviste gravedad institucional.

Fabián Gutiérrez no era un personaje cualquiera. Formó parte del íntimo círculo de Néstor y Cristina durante 12 años. Fue el imputado colaborador que, ante la Justicia, detalló cómo se desarrollaban las reuniones de exfuncionarios que llegaban con sus bolsos y mochilas, se los entregaban a Néstor Kirchner y también las llevaban al sur. Involucró en ese trajín a José López, Ricardo Jaime y Daniel Muñoz. Gutiérrez debía haber sido cuidado para declarar en el juicio oral de los cuadernos de la corrupción. Hoy está muerto.

Era uno de los tres secretarios privados K de la mayor confianza del matrimonio presidencial. Otro, Daniel Muñoz, falleció sin dar cuenta de la decena de millones de dólares en bienes que atesoró aquí y en el exterior. Y un tercer secretario privado, Roberto Néstor Sosa, fue secuestrado y golpeado brutalmente por sujetos que le exigieron dinero, hace cuatro años en Río Gallegos. El mismo padecimiento de Gutiérrez antes de morir. A un mes del ataque a Sosa, los padres del ex secretario de CFK Daniel Álvarez fueron asaltados por gente armada.

Los primeros indicios de la autopsia a Fabián Gutiérrez revelan una muerte con signos de tortura a manos de cuatro personas. El móvil económico cobra fuerza según las primeras indagaciones; ya no la insólita y caduca caracterización “pasional” y la de “hecho policial” que se dejaron trascender desde la Justicia apenas hallado el cuerpo y a las que suscribió velozmente el coro oficialista al salir a criticar a la oposición para recreo de la grieta.

Más allá de que no se tratase de un testigo protegido, la condición de arrepentido en una megacausa de corrupción y el contenido de sus revelaciones (tan importantes como las del contador Víctor Manzanares y del chofer Oscar Centeno) eran razones suficientes para que Gutiérrez permaneciese custodiado por el Estado y llegase en las mejores condiciones al juicio oral de los cuadernos de la coima (si es que alguna vez se hace). Sobre todo, teniendo en cuenta el grave precedente de Sosa.

Secuestro, tortura y móvil económico son suficientes insumos para una investigación exhaustiva y transparente, que requiere de garantías del Estado para descartar o confirmar todo tipo de hipótesis.

¿Pueden existir estas garantías con la fiscal Natalia Mercado al frente de la causa? Mercado es hija de la gobernadora Alicia Kirchner, sobrina de Cristina Fernández y hermana de Romina, directora de sociedades con la que se manejaron hoteles de la familia investigados.

La fiscal Mercado claramente debería excusarse. Y su tía, actual vicepresidenta y presidenta del Senado de la Nación, debería ser la primera interesada en su apartamiento.

Son prerrequisitos fundamentales para ir por certezas, en momentos de desconfianza ciudadana ante sospechas de un plan de impunidad desplegado por el ala dura del Gobierno, intentos de colonización de la Justicia y las embestidas (y tentación de detener) a los periodistas que investigan.