Después de cuatro años de prisión preventiva, desde que ingresó acusado por lavado de dinero, Lázaro Báez dejará el Penal de Ezeiza. Por orden de la Cámara de Casación Penal, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) le concedió la excarcelación, pero deberá cumplir la prisión domiciliaria que tenía dictada en otro expediente judicial.
Antes de que se concrete su salida, el empresario K procesado por lavar US$ 60 millones, deberá dejar una caución real de $ 632 millones que se basó en el pedido del fiscal que solicitó US$ 5 millones de dólares, una cifra normal en casos de lavado de dinero. Su abogada, Elizabetha Gasaro, dijo que “no puede afrontar” dicha suma. Entonces, por los feriados de esta semana, será el lunes cuando el TOF 4 se resuelva si se reduce el valor de la caución.
Se ordenó, además, la colocación de una tobillera electrónica, que se presente cada dos semanas en los tribunales Comodoro Py, y no podrá alejarse del domicilio que declaró -una casa en un barrio en Pilar-, a una distancia mayor a 100 kilómetros.
Así Báez es uno de los últimos detenidos K con prisión preventiva, luego del cambio de Gobierno el 10 de diciembre pasado. Incluso, la ola de excarcelaciones benefició al ex vicepresidente Amado Boudou​ que está condenado en el caso Ciccone.
El empresario tiene varias causas abiertas en su contra, con distintos grados de avance. En algunas de ellas ya había obtenido la prisión domiciliaria, pero hasta ahora continúa detenido en uno de los expedientes por lavado de dinero vinculado a "la ruta del dinero K". Se trata d, según indica una información publicada por el diario Clarín. Allí se investigaron maniobras ilegales con la empresa M&P, que según la justicia fue usada por Lázaro y dos de sus hijos para el blanqueo de fondos que obtenía Austral Construcciones. Se le dictó prisión preventiva en junio de 2019 en esa investigación.

En cambio, en otra de las causas conexas a "la ruta del dinero K", sobre la compra del campo El Entrevero en Uruguay, Báez ya obtuvo la prisión domiciliaria. Allí se lo acusó de ser "propietario del dinero de procedencia ilícita insertado en el mercado, impartió las órdenes y encomendó aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya". La operación involucró US$ 14 millones.

Para sortear el último obstáculo que lo mantiene en el penal de Ezeiza, Báez había solicitado al TOF 4 que lo excarcele, o morigere su prisión.

El fiscal ante ese tribunal había sugerido el depósito de un seguro de cinco millones de dólares, pero finalmente los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado, resolvieron que por su comportamiento durante la instrucción del caso, buscando entorpecer la investigación, no correspondía concederle la excarcelación.

Expresamente, habían dicho que "subsistía el grave riesgo de que se sigan ocultando las sumas de dinero que habrían sido expatriadas".