El tarifazo se da en un contexto de pandemia en el que la provisión de agua tiene una importancia superlativa para asegurar las condiciones de higiene.

A contracorriente de las decisiones que se toman a nivel nacional para preservar a los usuarios de los incrementos tarifarios en un escenario de pandemia y fuerte retracción económica, el Gobierno provincial autorizó esta semana a la empresa provincial proveedora de agua potable un incremento del 57% en la facturación que los rionegrinos recibirán a partir del mes próximo.

ARSA es una empresa privada -prestadora de un servicio público esencial– cuya estructura de costos y readecuacíones tarifarias deben ser revisadas y autorizadas por el Departamento Provincial de Aguas.

Hasta 2018 cada incremento del servicio debía ser sometido a una audiencia pública, instancia luego suspendida por decisión del entonces gobernador Alberto Weretilneck, quien resolvió no consultar a los usuarios, y reemplazó ese procedimiento por un sistema de tres redeterminaciones anuales del costo del servicio.

El tarifazo de ARSA fue tema de debate durante la reunión de la comisión de Planificación este lunes en la Legislatura, con una férrea defensa del oficialismo, en tanto el Frente de Todos recordó que en mayo presentó un proyecto de Ley para congelar los incrementos tarifarios en el servicio de agua potable y desagües cloacales hasta el 31 de diciembre de este año, tal y como ocurre con otros servicios a nivel nacional. Durante todo este tiempo, Juntos Somos Río Negro, con mayoría en el recinto, impidió el tratamiento de esa iniciativa.

“Observamos así que el agua adquiere un rol preponderante para evitar la propagación del virus –COVID19-”, señalaba el proyecto del FdT, “por lo cual resulta primordial brindar el servicio de agua potable a todos los consumidores del sistema. Por ello y a fin de no generar aún más impacto negativo sobre los vecinos de nuestra provincia y llevar a la vez tranquilidad a los mismos, vemos la necesidad de solicitar la suspensión de aumento de tarifas del servicio por lo que resta del corriente año calendario (2020)”.

“Se comprende que pudo haber un incremento en la estructura de costos de ARSA, pero esto es algo que el Gobierno provincial debió resolver con otros mecanismos que no fueran el traslado directo de un tarifazo al bolsillo de los usuarios, y menos aún tratándose de un servicio esencial”, señaló la presidenta del bloque del Frente de Todos, María Eugenia Martini.

La Ley provincial 5292, “de redeterminación de costos asociados a la prestación de los servicios sanitarios de la Provincia de Rio Negro”, impulsada por Weretilneck en 2018 y el Decreto Reglamentario 1660 publicado a comienzos de 2019 culminaron con un aumento en la tarifa de agua potable y saneamiento cercano al 100%. Eran tiempos de constantes tarifazos en los servicios públicos y de sintonía de Juntos Somos Río Negro con el gobierno de Mauricio Macri.

“ARSA no es la única empresa que necesita ajustar su economía, también lo necesitan las pequeñas y medianas empresas de la provincia, y lo sufre cada uno de los rionegrinos. Sin embargo, en este escenario de pandemia, en el que estamos todos haciendo un enorme esfuerzo, el Gobierno permite a ARSA trasladar de un mes a otro un incremento de casi el 60% en la tarifa del agua”, indicó Martini.

“Juntos Somos Río Negro no parece haber tomado nota de la gravísima situación económica que atravesamos, ni consideran que el acceso al agua es un derecho humano; siguen aplicando una política de ajuste y provocando que la crisis provincial terminen pagándola los rionegrinos”, concluyó la legisladora.