El titular de la UIRN, Roberto Díaz, manifestó que, en este contexto, se ha planteado la posibilidad de mantener un diálogo con el roquense Soria, puesto que la disposición del congelamiento contiene algunas pautas que seguirán en vigencia y que habilitan la intervención del Estado para que las tensiones existentes entre inquilinos, por una parte, y propietarios e inmobiliarias, por el otro, no se agudicen a extremos insostenibles y, sobre todo, para que las deudas por morosidad en los pagos se puedan saldar de la mejor manera posible.

Es que, si bien seguirán prohibidos los desalojos compulsivos hasta septiembre, es enorme la masa de inquilinos que está pasando hoy un difícil momento económico, otros están directamente desocupados y otros más cobran sueldos que no les permiten abonar ya lo que deben ni acordar nuevos contratos a los elevados valores que se están manejando.

Díaz manifestó que su sector espera que Soria tome conciencia de lo que está ocurriendo y que actúe en consecuencia, no permitiendo que, al menos, las familias con más problemas queden en un completo "desamparo" y se empeore su realidad con cada día que pasa. Se apelará a la sensibilidad política y social que debería tener el ministro en las actuales circunstancias, en las que se observa, según el dirigente, "un lamentable abandono del Estado" de su papel como regulador de la vida en comunidad.

El dirigente vertió duros cuestionamientos, en particular, hacia el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, por cuanto se habría "desentendido" de la situación y los reclamos de los inquilinos y estaría reuniéndose y dialogando solo con la parte inmobiliaria y de los propietarios. Advirtió, por último, del alto impacto que tendrán las subas de alquileres en la inflación y de los dramas socio-económicos familiares que ya se están observando, y anticipó que todo esto incluso puede afectar negativamente en las posibilidades electorales del oficialismo nacional.