El femicidio es la consecuencia más extrema de la violencia contra la mujer, y deja secuelas emocionales. Es notorio, en el caso de la joven de 28 años asesinada en San Antonio Oeste por su pareja Elvio Pazos (39) el 30 de octubre de 2020. La familia Rivero atraviesa un calvario, incluso desde el punto de vista administrativo.

Mariza Barrientos, madre de Carolina, y abuela del niño (8) -que la joven muerta a cuchillazos tenía con el  femicida-, reveló a Noticias que “el nene les tiene miedo (a la familia paterna), y quiere llevar el apellido de su mamá”.

Aclaró, quebrándose emocionalmente en varias oportunidades que tuvo poco contacto con los padres de Pazos, quienes ahora pretenden acercarse al niño, pero “nunca se preocuparon de verlo” y en las audiencias “el tipo (por Elvio Pazos) estuvo de acuerdo con la perimetral, y que el nene se quede con nosotros”.

Insistió ante Noticias en que el femicida “sabe que está mejor (con nosotros)” porque “la familia no lo quería ni a él” al punto tal que “tuvo un techo cuando hizo pareja con mi hija”. Fue al hueso: “la misma madre que echó a él, es la que está reclamando que quiere un contacto con mi nieto”.

A Mariza se la conoce públicamente desde el día del crimen, a partir de la denuncia contra la Justicia acerca de que su hija “hizo12 denuncias y nadie la escuchó”. 

El rol de la Justicia

Describe que no tiene buen concepto de la Justicia, y que se siente abandonada, en el marco de un proceso –para ella- “engorroso”.

Cuenta que “llegaron a decir en una audiencia (por tenencia de la criatura) que el tipo también tenía derechos,….me calenté….y les dije (a los responsables del caso civil) que me vienen a hablar cuando no respetaron los derechos de mi hija, y ahora están pisoteando los derechos del nene”.

En ese momento, en las oficinas del juzgado sanantoniense, les dijo que “si ustedes velan por los derechos del niño, espero que investiguen (a la familia Pazos) porque no puede criarse en un ambiente, no sólo de violencia, sino de muchas cosas más”.

Cuestionó que en Familia le tendrían que haber informado y asesorado en cuanto a los beneficios de la denominada “Ley Brisa”, una reparación económica del Estado Nacional a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a hijos de víctimas de femicidio.

“Nunca nadie me llamó (de la Justicia) por ese trámite, y todavía me preguntaron si estaba haciendo gestiones en la Anses, y si bien ellos me tendrían que haber asesorado, el expediente salió de casualidad porque me ayudó una empleada que me agilizó los papeles, y si no hubiera sido por ella, no me habría enterado”, concluyó.