
“Hay más mujeres que denuncian y que conocen sus derechos”
El 80 por ciento de las causas que atiende la defensoría pública, son iniciadas por mujeres lo cual denota la mayor vulnerabilidad que viven
Desde el Ministerio Público de la Defensa se brindaron informaciones respecto a violencia de género y en ese sentido, se explicó de qué manera se trabaja en el organismo y en relación a ello se señaló que del grupo de defensores Oficiales que componen el Ministerio, una parte trabaja en Defensa de los Derechos de la Familia.
Esa área fue creada especialmente para la atención judicial y asesoramiento de casos que impliquen el abordaje de situaciones acaecidas en el ámbito familiar como es la violencia contra las mujeres. Las referentes asisten a las víctimas que acuden a la Justicia buscan ayuda.
En la primera Circunscripción, Mariela Pape, Cecilia Cabello, Dolores Crespo y Gabriela Sánchez son quienes tienen la función de ejercer dicha defensa a través de herramientas que procuran, no sólo darle fin a una situación de violencia puntual a través de diversas medidas cautelares, sino además empoderarlas para que puedan modificar las circunstancias en las que viven.
Respecto a datos concretos, se destaco que según datos de la Procuración general, el 80 por ciento de las causas que atiende la Defensa Pública son iniciadas por mujeres, lo que denota la mayor vulnerabilidad que viven, subsumidas en la gran mayoría de los casos a una economía manejada por los hombres.
Mariela Pape, manifestó al respecto “hay más mujeres que denuncian y que conocen sus derechos, por ende buscan asistencia para poder iniciar un proceso judicial con la correspondiente contención y asesoramiento. Allí es donde interviene el Defensor Oficial haciendo efectivo esos derechos y peticionando las medidas que correspondan de acuerdo al caso concreto”.
Por otro lado y en cuanto a la ley de Violencia Familia, agregó que exige la gratuidad de estos procesos y es por eso que las víctimas tienen derecho a la intervención de la Defensao Oficial sin importar la situación económica.
Es importante recalcar que siempre pueden acudir a la Defensoría y en los casos en que se dirijan a dependencias como comisarías o juzgados de paz, serán derivadas allí, en pos de la importancia que tiene que sean asistidas jurídicamente.
Dicha intervención comienza con el requerimiento al Juzgado de medidas cautelares que se determinan según cada caso particular y pueden ir desde la exclusión de la persona violenta del hogar, la obligatoriedad de hacer tratamiento, peticiones de custodia policial o requerimiento de rondas policiales para evitar que luego de la denuncia la situación se agrave.
A su vez se resaltó que si la gravedad del hecho implicó lesiones de cualquier grado o desobediencia judicial a las primeras medidas dictadas, esta misma causa da inicio a un proceso penal y por ende pueden coexistir tanto en el Fuero de Familia, que busca evitar o detener el problema realizando un abordaje interinstitucional, como en el fuero penal que da una respuesta punitiva al accionar de la persona agresora.
“La intervención es inmediata y en varios sentidos, el primer paso es dar aviso al servicio de asistencia territorial (S.A.T) que aborda a la personas desde lo psicológico y asistencial para que se inicie así un trayecto en el que se procure su contención”, dijo Pape.
También explicó que se trabajo en conjunto con Promoción Familiar “el equipo interdisciplinario del juzgado de familia o con nuestro propio servicio de asistentes sociales para que, desde su competencia, realicen un informe que nos orienten acerca de las medidas concretas a seguir en cada caso. Ellos toman contacto con el contexto familiar y realizan diagnóstico y abordajes que se suceden a lo largo de todo el proceso y mientras duren las causas que dieron inicio al mismo. Además trabajan para conocer, con el correr de los días, cuál es la evolución del grupo familiar y si es necesario seguir interviniendo”.
Sobre los resultados, comentó que en su gran mayoría resultan positivos “Las víctimas quieren terminar con esa situación en la que están inmersas y que muchas veces no pueden manejar, por ello se trabaja en la apertura, desde lo jurídico, de espacios terapéuticos que empoderen a la víctima y que traten la situación de quien agrede lo que resulta más difícil porque no aceptan nada”.