Dicha ley, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, y plantea la suspensión de la ejecución de sentencias y actos procesales y administrativos que tengan por objeto el desalojo o desocupación de esas tierras.

El plazo que establece la prórroga es hasta el 23 de noviembre del 2021.

“La situación dominial de las comunidades originarias no se encuentra resuelta, muestra de ello son las numerosas manifestaciones llevadas adelante recientemente”, indicó al respecto el legislador Alejandro Marinao.

Más adelante, agregó que “el gobierno nacional y provincial deben tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.

La Comunicación impulsada por varios legisladores del FpV fue aprobada por la Legislatura de Río Negro en la sesión del mes julio pasado.