La Ley de Regularización Dominial, habitualmente conocida como Ley Pierri, nació como un instrumento jurídico destinado a sanear las dificultades de los ciudadanos para lograr escriturar sus viviendas, en la búsqueda de brindar respuesta a quienes, dados sus escasos recursos y medios, no pudieron completar los trámites que consoliden la propiedad sobre sus hogares.

A partir de esta nueva normativa, el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) avanzará con la nómina de municipios interesados con los que se realizaron acuerdos de aplicación de la mencionada ley en sus localidades.

Cabe recordar que el IPPV impulsó, con el acompañamiento del Ministerio de Gobierno, la reglamentación para la aplicación de la mencionada ley y que, además, es la autoridad de aplicación de dicha norma en Río Negro.

Asimismo, por el decreto provincial Nº 1167 se aprobó suscribir un convenio entre el Colegio Notarial de Río Negro y la Provincia, y facultar al IPPV a dictar las normas complementarias que resulten necesarias, como así también, a suscribir convenios que considere pertinente con los organismos públicos y particulares.

El mencionado decreto provincial, estipula el IPPV colaborar y asesorar a los municipios y comisiones de fomento que adhieran a la Ley, para que procedan en cada jurisdicción a instrumentar un Registro de Solicitantes.

Requisitos de escrituración

A tal efecto, las autoridades locales formalizarán en forma de expedientes la documentación requerida. En este sentido se solicitará a los beneficiarios, respecto del inmueble a escriturar el boleto compra venta, cesión, recibo de pago o cualquier otra documentación que acredite la efectiva ocupación del inmueble durante un mínimo de tres años al 1 de enero de 2009.

Por otra parte, serán exigidos a los solicitantes documentos de identidad del beneficiario y su grupo familiar, el CUIT o CUIL del beneficiario, Libreta de Familia, Libreta de Casamiento o Certificado de Convivencia o cese del mismo, sentencia de divorcio, certificado de defunción del cónyuge, acompañada de la correspondiente declaratoria de herederos, entre otros.

Según lo informado por la Subsecretaría de Asuntos Legales del IPPV, en primera instancia, ya se están analizando las carpetas solicitantes enviadas por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.