Antonio Sánchez, vecino de San Carlos de Bariloche, presentó un pedido de revocatoria de la ley 5227, que prohibe la instalación de centrales nucleares de potencia en Río Negro, por consierarla inconstitucional, ilegal y nula, en tanto en el proyecto del Ejecutivo, elevado al parlamento con acuerdo general de ministros, no se justificó la urgencia en el tratamiento del tema, como para evitar el trámite normal de segunda vuelta.

Sánchez, a quien algunas fuentes barilochenses, lo ubican como cercano al intendente Gustavo Gennuso, ataca la legalidad de la ley, promulgada por el gobernador por decreto 1232 del cinco de este mes, y argumenta que no se cumplieron con los parámetros del artículo 143 de la Constitución Provincial que fija una vía de excepción con acuerdos de ministros, sin el procedimiento normal de doble vuelta, cuando el proyecto sea remitido “con carácter de urgencia”.

Según el autor de la revocatoria, la urgencia en este caso no fue planteada ni por el Ejecutivo al enviar el proyecto al parlamento, ni en el debate legislativo y por lo tanto tampoco se cumplió con la difusión del proyecto y el “normal y razonable plazo de consulta de la opinión popular”.

Considera Antonio Sánchez que haber cumplido con la segunda vuelta y permitir la difusión y consulta, era imprescindible, “en una materia de gran trascendencia que sensibiliza y requiere una ponderación formal de la denominada ¨licencia social´, inexistente para este caso”.