Exempleados de Flavors y el exfuncionario de Salud Edmundo Larrieu declararon ayer ante el tribunal que juzga a exministros del gobierno de Miguel Saiz (UCR) y a empresarios por la contratación irregular de la firma que distribuía alimentos de mala calidad a las escuelas públicas.

En el juicio sólo se habló hasta ahora de la existencia o no de gorgojos, los requisitos para un muestreo adecuado, si la planta estaba en condiciones higiénicas. Datos importantes pero no menores a los otros por los que se acusa a los exministros Adriana Gutiérrez, Cristina Uría y Alfredo Pega junto a los empresarios Daniel Fernández, Máximo Vicchi y Javier Matas.

Es válido recordar que en 2011, cuando el exjuez penal Carlos Reussi dictó los procesamientos, diferenció los dos grupos –funcionarios y empresarios– con un punto de intercambio: “La existencia de dos contratos millonarios de provisión de alimentos. Y en este punto de encuentro, la presencia de numerosas irregularidades como la falta de antecedentes para actuar en la licitación, el falseamiento de las cualidades de los cocontratantes del Estado y falta de controles que permitieron pasar alimentos que no reunían las condiciones del Código Alimentario.