Ocho empleados municipales que participaron de la sesión violenta de diciembre de 2015, fueron imputados ayer por el delito de atentar y perturbar el orden de las sesiones del Concejo Municipal.

La formulación de cargos fue aceptada por el juez Bernardo Campana que otorgó el plazo de cuatro meses para realizar la investigación, en manos del fiscal Guillermo Lista.

La abogada Mercedes Lasmartres en carácter de apoderada de la parte querellante por la concejal Cristina Painefil adhirió a los términos de la fiscalía y destacó que “si bien los delitos se cometieron el año 2015 y bajo otro Código Procesal, existen actuaciones previas que fueron ratificadas en la cámara”.

Según informó el Ministerio Público, se les atribuye a los acusados con diferentes grados de responsabilidad, los hechos ocurrido en ese día a partir de las 09 en el Concejo Deliberante, cuando se llevó a cabo una sesión extraordinaria para dar tratamiento a la ordenanza de emergencia económica. En esa ocasión los imputados, en casi todo el tiempo que duró la sesión gritaban, silbaban, proferían insultos, agravios verbales, incitaban a la violencia, e intimidaban a los concejales para que no aprueben la ordenanza, circunstancias que llevó en más de una oportunidad a interrumpir la sesión, obstaculizándose el normal desenvolvimiento del acto.

Alrededor de las 12:40 cuando la ordenanza ya había sido aprobada, los imputados molestos y disconformes con la aprobación de la ordenanza, de manera agresiva impedían la salida de los concejales del recinto, a la vez que procedieron a romper vasos de vidrio, platos y demás objetos que se encontraban sobre la mesa de sesión, arrojándolos en contra de los concejales.

Algunos concejales sufrieron diversas agresiones, hasta que lograron refugiarse en una oficina del Concejo para resguardarse.

El fiscal consideró que existen fotografías, videos, informes médicos y testimonios que grafican la situación vivida.

La defensa particular de los imputados a cargo de Gustavo Morlachi solicitó el plazo máximo previsto para la realización de la investigación dada la cantidad de personas imputadas y la prueba detallada en la audiencia. Requirió además que al imputado que no asistió a la audiencia se le conceda un plazo de 24 horas para presentarse en sede judicial de manera voluntaria.