Los bloques de concejales del Frente Para la Victoria –FPV- y de Juntos Somos Río Negro –JSRN- resolvieron por mayoría que la causa iniciada por la familia Velázquez en reclamo de tierras ubicadas en Punta Perdices, Puerto San Antonio Este, prosiga en la Justicia.

El dictamen, solicitado por el presidente del cuerpo, Luis Esquivel, expresa que “atento el estado de  las actuaciones judiciales, entendemos que debe producirse toda la prueba en dichos autos, a efectos de elucidar más claramente los derechos que le corresponden a los actores”.

Aclaran que “Establecer u ofrecer un número de disponibilidad de tierras en esta instancia, sería una imprudencia de nuestra parte, siento este cuerpo legislativo, resorte de la protección del patrimonio municipal”.

Y que “Tal ofrecimiento operaría como piso de lo que una eventual sentencia puede establecer eventualmente a la familia Velázquez”.

En consecuencia, opinan “no conceder hectárea alguna a los actores en esta instancia, hasta se resuelva en sede judicial, cumpliendo los pasos procesales de rigor”.

Se debe aclarar que el titular de la bancada JSRN, José María Clemant, anunció que se abstendrá de votar debido que a representó a una de las partes de la familia Velázquez en el inicio del reclamo.

Por su parte, el edil radical Diego Colantonio dictaminó en el mismo sentido, pero además pidió al municipio que instrumente controles para impedir ocupaciones ilegales.

Sostuvo que “deben proseguirse las actuaciones en sede judicial hasta tanto puedan obtenerse los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan determinar si es más beneficioso para el Patrimonio Público Municipal, suscribir un acuerdo de partes que finalice el mismo, o bien, el arribo a una sentencia judicial”.

Mientras que pidió al Poder Ejecutivo “que arbitre los medios necesarios que aseguren el resguardo de los derechos referidos a las tierras objeto de discusión, a los efectos de evitar, detener y/o penalizar cualquier tipo de ocupación irregular”.

Esquivel, en la reunión de Intercomisiones realizada la semana pasada, opinó que se le debe reconocer a la familia un sector de no más cinco hectáreas, aproximadamente, en torno a las viviendas instaladas.