El gobierno de la provincia de Río Negro transita días de inestabilidad e incertidumbre.

Los cambios de funcionarios a un año de la asunción consolidan la imagen de un gobierno que NO logra constituir gobernabilidad.

El despido de la jefa de policía puso en superficie una disfuncionalidad absoluta en la familia de la jefatura de Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad. La jefa saliente Maricarmen Carrizo NO TENÍA DIALOGO con el ministro de Daniel Jara. NO había coordinación ni planificación, tampoco la definición de acciones para combatir el delito y mejorar la seguridad ciudadana. Mientras tanto, los productores ganaderos piden a grito más presencia policial por la sustracción de ganado, los chacareros reclaman mas prevención por los permanentes robos en las chacras y en muchas ciudades vecinos y comerciantes siente en carne propia el miedo y la inseguridad.

Según datos del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de RN el delito crece un 15% anual desde el 2021 en adelante. El número surge de comparar las estadísticas oficiales de los primeros semestres de los últimos tres años. Robos y hurtos llenan de legajos los despachos judiciales de toda la provincia. El Alto valle se ha convertido en el epicentro del crimen en la provincia ya que concentra el 55% del total de denuncias.

El impuestazo que definió el gobierno es extemporáneo, confiscatorio e irresponsable. Mientras la sociedad celebra la reducción de impuestos, y la eliminación de trabas al libre comercio, Río Negro aplica un incremento a todos los tributos. Eliminación de topes al impuesto inmobiliario, reducción de incentivo a los contribuyentes cumplidores, aplicación de impuestos a las comunicaciones, transporte y actividades primarias; entre otras medidas. Los empresarios y comerciantes nucleados en la Federación de Entidades Empresarias piden una audiencia con el gobernador para que revea el IMPUESTAZO RIONEGRINO porque atenta contra la supervivencia y competitividad de comercios y empresas. Los comerciantes advierten que NO podrán pagar un aumento en la alícuota de Ingresos Brutos dado que el proporcional contemplado en la reforma fiscal contempla un aumento del 3,5% al 5%, la suba impositiva derivará en aumentos de precios de al menos un 8% y tendrá un impacto directo en las fuentes de trabajo. Además puede tener un efecto contrario y aumentar la morosidad en el pago de los impuestos provinciales. 

Mientras se carga más impuestos a contribuyentes, comerciantes y empresarios, el gobierno NO puede garantizar los servicios esenciales. Hospitales sin insumos ni médicos especialistas, escuelas con problemas crónicos de mantenimiento y paritarias docentes sin resolver, ese es el panorama para el inicio de clases 2025.

A políticas erráticas y fuera de tiempo se suman las salidas del gobierno. Recientemente el ministro de Modernización Federico Lutz anunció su renuncia ante la imposibilidad de aplicar métodos y medidas que agilicen la oxidada maquinaria estatal rionegrina.

Como ciudadanos y contribuyentes, debemos exigir al gobierno de Alberto Weretilneck el cumplimiento de los servicios de Seguridad, Educación y Justicia; es su plena responsabilidad por cobrar los impuestos y por respeto y bienestar de los rionegrinos.

NOTA DE OPINION- ESTACION DIARIA