Tal como anunciaran tras el nuevo incumplimiento en los pagos, los empleados de Álcalis de la Patagonia (Alpat) iniciaron ayer un paro por tiempo indeterminado, en reclamo por la regularización de sus haberes.

Ahora la situación de incertidumbre es total, porque más allá de lo que les transmitieron algunos referentes que tienen mayor rango dentro la firma, los trabajadores no saben a ciencia cierta qué ocurrirá con la empresa ni quién responderá por sus haberes de aquí en más.

La medida de fuerza se inició ayer a las 8 con una quema de cubiertas. Un grupo de obreros se concentró en el ingreso a la planta, ubicada en Punta Delgado, en las afueras de la ciudad.

La protesta se extendió a lo largo del lapso que hubiera durado la jornada laboral, y el cese de actividades fue completo, con adhesión total.

Cabe recordar que la fábrica de carbonato de sodio es propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López, que tiene sus bienes inhibidos por la Justicia.

Ante esta situación, aún no legitimó la venta de las firmas que forman parte del conglomerado Indalo, al grupo inversor Op Investments.

Tras hacer pública la decisión de ir al paro si no cumplía con el pago de haberes, desde el gremio que nuclea a los obreros adelantado que en una reunión con el gerente Mariano Emanuelli, éste les había dicho que Op Investments quería mantener funcionando Alpat, junto a otras 3 de las firmas del grupo.

Sin embargo también les adelantó que, hasta que la Justicia no legitimara la compra, los reclamos salariales deberían efectuarlos a los hasta ahora únicos propietarios del grupo Indalo.

Trascendió que los empleados no lograron regularizar completamente la situación con sus cuentas sueldo, que están en el banco Finansur, que también pertenece a Indalo y fue suspendido por el Banco Central.

El viernes los obreros habían recibido un depósito de $12.500 en sus cuentas. Y la firma debía completar el sábado el resto del pago . Sin embargo no se constató el ingreso de más dinero y el que les depositaron no lo pudieron extraer porque congelaron sus cuentas.

Los empleados pidieron una nueva intervención de la cartera de trabajo y que las autoridades locales como provinciales se hagan eco de su situación, debido a que son 400 las familias que están en riesgo y afectadas en su fuente de ingresos por la crisis de la empresa.