El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro respaldó la constitucionalidad de la ordenanza que dispuso la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas durante la jornada denominada “la noche sin alcohol”, que se desarrolla desde 2010 a principios de septiembre.

El máximo tribunal de la provincia rechazó un recurso de apelación que había promovido el apoderado legal del dueño de un restorán, que fue sancionado por la municipalidad como consecuencia de haber incumplido la normativa vigente. Y además le impuso las costas del proceso judicial.

La sentencia se dictó el 14 de este mes y se publicó en la página web del Poder Judicial. El juez del STJ Ricardo Apcarián desarrolló el voto que dio sustento al fallo.

El expediente llegó hasta el STJ por un recurso de apelación que promovió el comerciante sancionado contra la sentencia que dictó la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de Bariloche, que rechazó la demanda interpuesta por la firma Requin SRL contra la Municipalidad de Bariloche.

Fundamentos

Apcarián sostuvo en su voto que “la sanción cuya revisión se pretende en esta instancia resulta a priori compatible con el ordenamiento legal y dictada dentro de un procedimiento que ha respetado el debido proceso legal”.

Indicó que “el acto sancionatorio se encuentra dentro de los extremos regulados en la Ordenanza 2064-CM-10 del Municipio de Bariloche, en cuanto prohíbe la venta de todo tipo de bebidas alcohólicas, al copeo o en envases cerrados, entre las 20 horas de dicho día y las 8 del día siguiente y sanciona su incumplimiento con multa de 500 a 2000 módulos fiscales y clausura por 10 días seguidos del local comercial”.

“No está en discusión la creación de un tributo sino la facultad sancionatoria ejercida por el Tribunal de Faltas luego confirmada en la vía recursiva por el Intendente”, enfatizó el juez del STJ.

“En cuanto a la constitucionalidad de la Ordenanza que establece la prohibición, sabido es que tal tacha solo procede en aquellos casos de absoluta gravedad institucional y precisa ser evaluado como última ratio del orden jurídico”, advirtió.

“Ha dicho este Superior Tribunal de Justicia con anterioridad que el presupuesto básico de la acción de la Administración Pública, es la realización del interés público. Allí radica no sólo la justificación y finalidad del Municipio, sino además del denominado poder de policía como potestad o poder destinado a lograr aquel bienestar común mediante la reglamentación razonable de los derechos individuales que ha previsto el artículo 14 de la Constitución Nacional”, puntualizó Apcarián.

Poder de policía

“Y es precisamente en este carácter que el Municipio de Bariloche ha dictado la norma ahora cuestionada, como en su momento el de El Bolsón hizo lo propio con relación a la ludopatía”, recordó.

“En este marco de análisis y toda vez que el poder de policía es consustancial al deber primigenio del gobierno en el marco de sus propias jurisdicciones, de proteger la vida, la propiedad, la seguridad, la moralidad y la salud, entre otros cometidos esenciales, de los habitantes comprendidos en el ámbito subjetivo y objetivo de actuación de esas potestades, no se advierte irrazonable la valoración del bien jurídico salud pública al establecer una restricción a la venta de alcohol por un único día al año y sancionar el incumplimiento de modo tal que permita un alto grado de adhesión a la norma”, concluyó.

Los jueces del STJ Liliana Piccinini, Sergio Barotto y Adriana Zaratiegui adhirieron al voto de Apcarián. Mientras que el presidente del STJ, Enrique Mansilla se abstuvo.