A nueve años de las condenas, la causa por las coimas de la Lotería rionegrina solamente registra el cumplimiento de una pena, con trabajo comunitario, y los mayores responsables penales -Miguel Irigoyen y Carlos Ferrari- llevan prófugos 20 meses.

Ese resultado expuesto genera -como mínimo- indignación. En resumen, la única condena efectiva -que recayó sobre el exbasquetbolista Andrés Santamaría- se cumplió con “tareas comunitarias” en Cañada de Gomez. El resto sigue evadiendo cualquier responsabilidad.

Mientras tanto, la defensa -con recursos pendientes en la Corte Suprema- insistirá con su estrategia de prescripción.

Este proceso judicial ya lleva 16 años, con condenas en febrero de 2009, y detenciones pedidas por el STJ en agosto de 2016 al entender que las penas de cinco y cuatro años de Irigoyen y Ferrari debían tener “efectivo cumplimiento” y no existían “más instancias recursivas”. Pero, ambos lograron fugarse antes que llegaran las comitivas a detenerlos en San Antonio Oeste y Buenos Aires, respectivamente.

Casi 600 días después, nada se sabe de ellos y todo sigue igual.

La causa de la Lotería es simbólica por las evidencias de coimas “acreditadas” y, además, por la ratificada parsimonia y laxa persecución penal a funcionarios y empresarios del poder.

La resolución condenatoria -que ratificó el STJ- consideró “plenamente acreditado” que Irigoyen, como presidente del organismo de juego, cobró más de 1,1 millones entre 1990 y 2001 de empresas ligadas al juego. Por entonces, ese monto representaba su equivalente en dólares.

Aún así, sólo Santamaría cumplió su pena. Con el patrocinio de Juan Carlos Chirinos, el imputado logró una reducción fundamental de parte del STJ, con votos de Luis Lutz, Víctor Sodero Nievas y Alberto Balladini. El ex basquetbolista, amigo personal de la familia de Pablo Verani, disminuyó su condena de cuatro a tres años, lo cual, la transformó en pena de cumplimiento condicional.

Su castigo se transformó en labores comunitarias, puntualmente “someterse al cuidado de un Patronato” y “realizar trabajos -no remunerados- en favor del Estado o de instituciones de bien público, con una carga horaria de cuatro horas semanales”. Esas tareas se extienden por cuatro años y fueron supervisadas por el Patronato de Cañada de Gomez. Con sus informes, la Justicia finalmente en octubre del 2015 dio por cumplida su condena.

Por su parte, la Justicia y las fuerzas de seguridad siguen sin el cumplimiento de la orden de “detención inmediata” de Irigoyen y Ferrari por el delito de “coimas”, considerando que el delito de dádivas ya quedó prescripto. Antes, la defensa insistió con un planteo de extinción contra la acción penal aunque la misma fue rechazada por un tribunal conformado por María Luján Ignaci, Sandra Filipuzzi y Favio Igoldi. Todos esos recursos se argumentan en el paso del tiempo.

Ya nada se discute de la maniobra de corrupción expuesta en el juicio y bien resañada por el tribunal en su fallo del 2009.

“Los hechos han quedado plenamente acreditados”, decía su presidenta Susana Milicich, acompañada por María del Carmen Vivas y Eduardo Giménez. Consideró “certeramente acreditado” que Albany fue comprada por Irigoyen a nombre de Santamaría y a los fines de que Ferrari le girara dinero al titular de la Lotería, que sumaron $ 1.175.701 entre el 13 de enero de 1999 y el 12 de abril de 2001. Se confirmó además que Irigoyen había cobrado un giro de 10.080 pesos librado por Casino de Río Negro a la cuenta del banco Nación de la que era titular.

“Las sumas de dinero antedichas tenían como propósito que Irigoyen, en su papel de interventor de Lotería no rescindiera el contrato que tenía Casinos de Río Negro con la Provincia ante los reiterados incumplimientos en que esta última empresa incurriera”.