“Si la Corte Suprema confirma (el fallo que declaró procedente el trámite), el gobierno nacional va a extraditar a Jones Huala”, afirmó ayer en esta ciudad el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. El pronunciamiento anticipa cuál será el desenlace en el caso de que el destino del referente mapuche Facundo Jones Huala quede en manos del presidente Mauricio Macri. Así la posibilidad de que Jones Huala sea juzgado por un tribunal argentino queda casi descartada.

La ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, a la que Argentina adhiere, prevé que el Ejecutivo nacional puede denegar la extradición cuando un ciudadano argentino requerido por otro Estado haga lugar a la opción de ser juzgado por un tribunal de este país. Ayer, Garavano adelantó que esa puerta está cerrada.

El juez federal Gustavo Villanueva declaró en marzo pasado procedente la extradición de Jones Huala para que sea juzgado por un tribunal en Chile por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia de arma de fabricación casera. La defensa de Jones Huala presentó un recurso ante la Corte.

Garavano estuvo ayer en la presentación del sistema informático integrado, que permitirá acceder a una base de datos oficial y actualizada con las órdenes de captura dictadas por todos los tribunales de las provincias de la Patagonia. El programa surgió del Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia.

Tras el acto, “Río Negro” entrevistó al ministro.

–¿Ustedes creen que la RAM está desactivada con la detención de Jones Huala y el proceso de extradición?– preguntó este diario.

–Creo que el proceso de extradición es muy importante. En las próximas semanas va a haber casualmente reuniones bilaterales entre los gobiernos argentino y chileno, me parece que eso es importante– indicó el ministro.

“Más allá de la RAM o no, me parece que lo que hay que hacer es trabajar sobre los pueblos originarios, sobre las comunidades originarias desde un punto de vista de derechos, trabajar en términos de realmente reconocer los derechos”, afirmó.

“Hoy el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) está trabajando fuertemente con ellos en términos de las tierras, como de todo lo que tiene que ver con el resto de los derechos a la salud, la educación, cuáles son sus derechos de acceso a justicia”, añadió.

“Hay que distinguir eso de aquellas personas que violan la ley. Ser miembro de una comunidad originaria y que viola la ley, tendrá que pagar las consecuencias de haber violado la ley”, aseguró.

“Cuando uno viola la ley no importa si es un integrante de una fuerza de seguridad, si uno es un maestro, si es un médico, si es alguien de un pueblo originario, viola la ley. Eso es lo que tiene que marcar la diferencia. Somos todos iguales ante la ley”, remató Garavano.