RIO NEGRO.- Una nueva polémica sacude al bloque PRO–Unión Republicana, que responde políticamente al dirigente Juan Martín, tras conocerse una denuncia penal presentada contra la legisladora provincial Gabriela Alejandra Picotti por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "violación de las normas de ética pública".

La presentación fue realizada por el ciudadano Marcelo F. Ponzone ante el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, quien acusa a la legisladora de "ejercer simultáneamente su función pública y su profesión privada de médica oftalmóloga, algo expresamente prohibido por el Artículo 127 de la Constitución provincial, que establece la incompatibilidad del cargo legislativo con cualquier otra profesión o empleo —salvo la docencia—.

LA DENUNCIA: UNA ACTIVIDAD PRIVADA Y VINCULO CON LA OBRA SOCIAL IPROSS 

Según el escrito judicial, Picotti habría continuado atendiendo pacientes en el "Centro Quirúrgico del Sur SRL (CQS)", ubicado en General Roca, donde figura como profesional activa y habría emitido facturas por prestaciones médicas incluso durante el ejercicio de su mandato como legisladora.

El documento incluye como prueba una factura fechada el 13 de octubre de 2024, además de un registro oficial que la mantiene como "prestadora de la obra social estatal IPROSS". Lo más grave, señalan en la denuncia, es que "la legisladora forma parte de la comisión especial de la Legislatura encargada de fiscalizar al propio IPROSS, lo que implica un conflicto de intereses directo".

“Se trata de una defraudación a la confianza de los ciudadanos rionegrinos, un quebrantamiento de los principios de transparencia exigidos a los funcionarios públicos”, sostiene el denunciante.

VIOLACION A LA LEY DE ETICA Y ANTECEDENTES JUDICIALES 

La denuncia encuadra los hechos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, que castigan a los funcionarios que incumplen las leyes que deben hacer cumplir. También invoca la Ley 3550 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que prohíbe mantener relaciones contractuales o recibir beneficios del Estado mientras se ejerce un cargo público.

Además, se recuerda un antecedente: el caso del ex legislador Luis Mario Bartorelli, condenado años atrás por una incompatibilidad similar, lo que refuerza la gravedad institucional de los hechos denunciados.

El escrito solicita una "amplia investigación judicial" que incluye pedidos de informes a la Legislatura, al IPROSS, al Ministerio de Salud y a la AFIP, así como "allanamientos en el centro oftalmológico CQS SRL",  para secuestrar documentación contable y de facturación vinculada a Picotti.

SILENCIO EN EL BLOQUE DEL PRO Y CRITICAS POLITICAS 

Hasta el momento, el bloque PRO–Unión Republicana no emitió ninguna aclaración pública sobre el caso. Sin embargo, dentro de la Legislatura crece el malestar por lo que consideran “una muestra más de la doble moral del espacio conducido por Juan Martín”, que se presenta como referente de la transparencia mientras "mantiene en su bloque a una legisladora denunciada por cobrar del Estado y del sector privado al mismo tiempo".

Desde sectores políticos opositores a Martín señalaron que este caso *expone la incoherencia del discurso del PRO en Río Negro*, que reclama transparencia pero convive con prácticas propias del viejo sistema que tanto critica.

UNA SEÑAL DE ALARMA INSTITUCIONAL 

La denuncia contra Picotti no solo compromete la responsabilidad individual de la legisladora, sino que pone bajo la lupa a todo el bloque político que la respalda. Si la Justicia confirma los hechos, el caso podría derivar en una "inhabilidad para ejercer cargos públicos" e incluso en "una condena penal" por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Mientras tanto, el expediente ya se encuentra en manos del Ministerio Público Fiscal, y se espera que en los próximos días se dispongan las primeras medidas de investigación.