La expresidenta ya tiene una sentencia definitiva por corrupción, con una pena de seis años de cárcel.Al máximo tribunal sólo le queda analizar su queja por supuesta violación de sus garantías constitucionales.Las discusiones internas, el rol del procurador y un dilema: ¿interferir en las elecciones o abrirle la puerta a la impunidad y causar un escándalo?