Se suman testigos en la denuncia contra la legisladora: nuevos datos complican aún más al bloque PROSegún fuentes que pidieron reserva de identidad, esos testimonios estarían dispuestos a declarar ante la Fiscalía, aportando detalles de las prestaciones médicas recibidas, fechas y modalidades de pago. De confirmarse, esos aportes reforzarían la acusación de incompatibilidad entre su rol público y su ejercicio profesional privado.

Uno de esos pacientes sería, justamente,  el legislador Juan Martín.  En uno de los relatos aportados, se afirma que acudió a la clínica por un tratamiento oftalmológico, que fue atendido por la Dra. Picotti y que podría constar factura emitida por CQS. Si esto queda acreditado, no solo se confirmaría el vínculo directo entre Martín y la clínica implicada, sino que complicaría aún más el escenario político: Martín es referente del bloque que contiene a Picotti, y podría verse arrastrado por el escándalo.

El origen de la controversia remonta a la denuncia formal presentada ante el Ministerio Público Fiscal por Marcelo F. Ponzone, quien acusa a Picotti de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “violación de normas de ética pública”. El eje central: que mientras ejercía como legisladora habría continuado atendiendo como médica en CQS, cobrando prestaciones privadas y públicas al mismo tiempo (la provincia exige que los legisladores no ejerzan otro empleo, salvo la docencia).

Un punto clave: la clínica  CQS tiene convenio con la obra social estatal IPROSS , lo que significa que muchas de las atenciones podrían haberse facturado directamente al organismo público. Y aquí emerge otra arista sensible: Picotti integra la **comisión fiscalizadora del IPROSS** en la Legislatura provincial, lo que –de comprobarse que ella recibía pagos vinculados al organismo– configuraría un flagrante conflicto de intereses y una vulneración de la ética pública.

En la presentación original de la denuncia aparece incluso una factura fechada el 13 de octubre de 2024 que la ubica como prestadora activa de IPROSS durante el ejercicio legislativo. Además, el denunciante solicita que la justicia pida informes al IPROSS, a la Legislatura, al Ministerio de Salud y a la AFIP, y que se realicen allanamientos para secuestrar la documentación contable y las facturas de la clínica relacionadas con Picotti.

Mientras tanto, el bloque PRO – Unión Republicana ha mantenido silencio públicamente. En el ámbito legislativo, crece el disgusto entre pares y opositores que apuntan a una contradicción en el discurso de transparencia que promueve Juan Martín frente al hecho de que su bloque contenga a una legisladora bajo semejantes denuncias.

Para la justicia, los nuevos testimonios pueden ser clave. Si los cuatro declarantes individualizan fechas, prestaciones y facturación —y si aparece registro de que Martín fue uno de esos pacientes—, el escenario se vuelve difícil de disimular políticamente. Para Picotti, podría derivar en una inhabilitación para ejercer cargos públicos o incluso una condena penal si se confirma que incurrió en la incompatibilidad prevista por el Código Penal y las leyes de ética pública.

Queda pendiente ahora que la Fiscalía avance con medidas concretas: citaciones, pedidos de informes y posibles allanamientos. La incógnita es si Juan Martín resistirá políticamente esta tormenta, o si la presión interna lo obligará a tomar distancias.