San Antonio Oeste. El responsable de Recursos Humanos de ALPAT, Darío Amate, reclamó a la Secretaría de Trabajo que interceda para que el Sindicato de Trabajadores Químicos levante la retención de servicios que mantiene en el área de Mantenimiento y permitan la salida libre de la producción, incluido en la medida de fuerza que se inició el 15 de la semana pasada por atrasos salariales.

La empresa acrecentó sus problemas por un embargo que estableció un juzgado de Buenos Aires debido a una demanda que presentó Camuzzi, que reclama el pago de una deuda por 36 millones de pesos. Hay gestiones a nivel gubernamental para destrabar el conflicto, que dificulta el pago de salarios y otros compromisos.

El planteo lo presentó ayer Amate en el despacho de la delegación local del organismo provincial a cargo de Pablo Fernández.

Advierten que implementarían sanciones disciplinarias y hacen responsables a los obreros y dirigentes gremiales en caso de que se registren dificultades mecánicas o técnicas en las maquinarias por falta de mantenimiento.

En la nota expresaron que tras el inicio de la protesta del 15 de marzo “unilateral e intempestiva”, firmaron al día siguiente un acta en la que la firma acordó un cronograma de pagos salariales –previsto para ese día 15- pero que hicieron efectivo el 19 y el 20.

Aclararon que la demora fue por “razones de fuerza mayor” y “conocidas por el sindicato”, en referencia al embargo.

Advierten que sin embargo, y pese a haber efectuado los pagos, “el personal del convenio involucrado, continúa realizando retención de tareas y restricción al despacho del producto elaborado”.

Según trascendió, permiten salir doce camiones por día.

El empresario puntualizó que consultaron a los trabajadores que adhieren a la protesta (de mantenimiento), quienes contestaron que son “instrucciones del sindicato”.

Debido a la postura gremial, Amate solicitó a la Secretaría que intervenga e “intime al sindicato a que deponga esta actitud de incumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo”.

También reclamó que “aplique las sanciones correspondientes y ponga en conocimiento del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad de la Nación la conducta desplegada por el sindicato a los fines de que dicten las medidas sancionatorias que estime corresponder”.

Asimismo anticipa que la empresa “se reserva el derecho de aplicar las sanciones disciplinarias y/o de mas medidas correspondientes” a los trabajadores y sindicalistas que “falten a los deberes de dirigencia y colaboración”, a los fines de “la conservación de equipos y de cualquier modo atenten contra fines de la empresa y las exigencias de la producción”.

Advierten que los harán “responsables por los daños que causaren a los intereses de la compañía por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones”.

Todo según lo expresa el convenio colectivo de trabajo.