San Antonio Oeste. El municipio local apeló el fallo de Vanessa Kozaczuk, titular del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Familia N° 9, que ordenó responsabilidades en el tratamiento de los desechos de langostinos. La causa se inició por una acción de amparo impulsada por vecinas de la villa balnearia, que derivó en un acuerdo de partes que homologó la magistrada.

El reclamo municipal llegó al Superior Tribunal de Justicia, desde donde se le pidió opinión al procurador General, Jorge Crespo, quien aconsejó desestimar el planteo.  

El cuestionamiento apunta a la parte de la sentencia que le adjudica tener que “construir las cavas a medida que la captura del desecho del langostino así lo amerite, como así también la construcción del alambrado perimetral para resguardar la zona y prever para el futuro según lo que surge del acuerdo celebrado con la Empresa particular, donde se arrojarán dichos residuos si culmina el contrato”.

Cabe aclarar que el lugar donde se acopian los residuos es un campo ubicado camino al bajo del Gualicho propiedad de la familia Urcera, que accedió previo convenio firmado con las autoridades comunales.

Pero para el municipio “resulta imposible materialmente que la municipalidad se haga cargo de construir el cerco perimetral y las cavas, puesto que –dice- no existe “creación presupuestaria al respecto” ni fondos para hacerlo, debido a una crisis financiera que afecta al organismo y el resto de sus similares a nivel provincial y nacional”.

Entre los fundamentos expusieron el acta de una audiencia en la que “se intimó a la Subsecretaría de Pesca y a Empresas Pesqueras respecto a asumir la construcción de cavas y el alambrado perimetral”.

Agregaron en este sentido que “oportunamente se presentó un acuerdo celebrado en sede administrativa en donde se informaba que serían las empresas privadas quienes construirían las futuras cavas”.

Pusieron como ejemplo que la empresa “La Perla del Este”, construyó una.

Sin embargo, Crespo advirtió que los fundamentos de la apelación no resultaron suficientes para rebatir la sentencia de Kozaczuk.

Sostuvo que los argumentos “remiten mayormente a aseveraciones genéricas que evidencian en su mayoría meras discrepancias con el criterio allí abonado pero que, en mi opinión, resultan insuficientes al momento de intentar demostrar la viabilidad de lo pretendido”.

Crespo agregó la existencia de un acta de una audiencia “en la que se intima a dar cumplimiento a la construcción de ´nuevas cavas y alambrado perimetral´ a los accionados, entre ellos al Intendente Municipal de San Antonio Oeste” (Luis Ojeda).

Mencionó asimismo que la provincia reclamó que el municipio se hiciera cargo de la medida impuesta, dado que la Secretaría de Pesca cumplió con el compromiso de realizar las dos primeras cavas, que entregó al municipio para su administración.

En un dictamen anterior, el Procurador deslindó responsabilidades al gobierno rionegrino en la remediación de los terrenos aledaños al cerro Banderita, en proximidades de Las Grutas, donde se arrojaron grandes cantidades de desechos de langostinos a mediados de 2017, lo que generó la movilización de la comunidad alertada por los malos olores y los perjuicios al medio ambiente.