El 27 de abril del corriente se desarrolló el Primer Foro Latinoamericano “Derechos de Infancia, Adolescencia y Familia”, organizado por ciudadanos Sanantonienses integrantes de la Unión LATAM, La Infancia Primero en la Universidad Católica de Salta.

Se abordaron las siguientes temáticas: Denuncias falsas de abuso o violencia familiar y niños separados forzosamente de uno de sus progenitores.

"En la nota detalla todo explícitamente pero te comento que el objetivo del desarrollo de este Foro en la Universidad, como ciudadanos se debe al erróneo funcionamiento del sistema judicial tanto local, Nacional e internacional respecto a la vida de los niños inmersos en divorcios conflictivos. Esta situación provoca que los nenes crezcan enajenados de uno de sus progenitores y del entorno familiar extendido, abuelos, tíos, primos, hermanos.
La no garantía del cumplimiento de regímenes de comunicación que suelen ser pisados por denuncias que disfrazan la protección del derecho del niño, cuando en realidad se está "protegiendo el derecho del adulto", es básicamente el motivo.
El ejercicio de falsas denuncias por parte de adultos incompletos e insatisfechos, madres o padres, en el sistema judicial de familia no conlleva un castigo legal y/o económico, eso provoca que quienes las ejercen "no" tienen nada que perder (solo la felicidad de sus hijos)", sostuvo Paola Cecilia Cid, integrante activa de LATAM.

Denuncias falsas de abuso o violencia familiar y niños separados forzosamente de uno de sus progenitores fueron los temas principales del primer Foro Latinoamericano Derechos de Infancia realizado días pasados en la subsede Buenos Aires de la Universidad Católica de Salta en el que también se reflexionó sobre los derechos de los niños y las responsabilidades de sus progenitores en la crianza y cuidado en el actual contexto de leyes de violencia y de género con distintos alcances y modalidades de aplicación.

Organizado por Unión Latam, con el auspicio de la escuela de posgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la UCASAL, profesionales de España, México, Uruguay y la Argentina compartieron informes y experiencias jurídicas y sicológicas con cerca de un centenar de interesados en la temática que participaron de los diálogos de forma presencial o los siguieron vía streaming.

Dos médicos que se desempeñan como peritos del cuerpo forense de Capital Federal, la licenciada Claudia Norry y el Doctor Wenceslao Segovia se refirieron a los daños producidos en los niños que son judicializados y partícipes de un proceso de co-construcción o inducción por parte de alguno de los progenitores sobre hechos que no en realidad no sucedieron. También se refirieron a las dificultades para discernir la verdad en los dichos de infantes menores de cinco años quienes, por sus ciclos sicoevolutivos van construyendo la realidad a partir de las afirmaciones, creencias y realidades que le van presentando los adultos en su entorno.

Segovia puntualizó que si bien es cierto que los niños merecen credibilidad también lo es que existen falsas denuncias y conflictos familiares severos que generan una confrontación muy grave en la que el menor queda entrampado y esto puede generar serias consecuencias como la imposibilidad de autonomía futura. “Una falsa denuncia o una denuncia sin sustento jurídico o pericial deviene en un conflicto permanente entre ese niño y el progenitor denunciado con daños en tal relación que muchas veces son irreparables”. Norry, por su parte, precisó que el niño puede reproducir hechos que no ocurrieron, influenciado por un tercero, dada su propia vulnerabilidad. Dijo: “Ese otro con quien convive es garante de su ser, depende de él para la alimentación, para la educación. El niño reproduce lo que el adulto le dice para no quedar en estado de orfandad, no perder el amor de quien está ejerciendo la función de crianza. Esta alianza que establece el niño con el padre conviviente va en desmedro de la relación del niño con el otro progenitor”.

A través de videoconferencia desde España, la abogada penalista Yobana Carril, reconocida en Europa por su lucha por la igualdad ante la ley con independencia del sexo de la persona afectada, calificó de “perverso” el sistema español en el que en el 99% de los casos los jueces otorgan la custodia de los menores a la madre. “No se entiende por qué porque España defiende la igualdad de género”, señaló. Y afirmó que en el estado de situación actual “el padre tiene la única opción de luchar por la custodia compartida”. Describió que “en 130 minutos, tiempo que llevan las entrevistas, un sicólogo y un asistente social deciden el futuro de una madre, un padre y sus hijos”. Dijo también que en su país no existe la justicia de acompañamiento. “El único contacto que hay entre padres, hijos y juez es el del día del juicio. Todo se hace por escrito y esos escritos a veces tarden tres o cuatro meses en ser contestados”, relató. Y agregó que en España “la ideología genero controla la sociedad y las entidades judiciales”, que “la ley de violencia de genero mueve miles de millones de dólares” y “es una rueda difícil de parar”. Un ejemplo: “A las mujeres que denuncian falsamente no se las denuncia. Si la denuncia la hace un hombre se archiva directamente”.

La uruguaya Marta Valfre, abogada y licenciada en psicología, se refirió a la ley integral de violencia de género aprobada el año pasado (Nro. 19.580) y que, según afirmó, es “clonada” de la que en diciembre de 2017 se dio en España. Valfre aseveró que en su país un padre o una madre pueden pasar años sin que la justicia le permita estar en contacto con su o sus hijos y ver después de todo ese tiempo cómo la causa se archiva sin mérito. Se les habrá impedido entonces ejercer su paternidad o maternidad como lo hubiesen deseado con los daños que esto implican para el crecimiento sano del o los menores. “Frente a la duda se beneficia a la mujer a quien no se puede periciar ni indagar y, aún si comprueba que la denuncia fue falsa, la causa se archiva sin consecuencia alguna para sus promotores. Es decir, no hay sanciones por falsas denuncias”, dijo y agregó que no se aplica el método de las entrevistas a los menores a través de Cámara Gesell y tampoco se contempla una instancia en la que el denunciado pueda corroborar los dichos del niño. Se habilita que una vez presentada la denuncia ante la policía o un juzgado, automáticamente se dicten las medidas restrictivas para la parte denunciada.

Desde México participaron los psicólogos Yazmín Fuentes Montpellier y Victor Lennin Morales Navarro. Montpellier definió a la enajenación parental como una sociopatía “muy seria, que no puede tomarse a la ligera” y que obliga a todos los que intervienen como peritos, jueces, operadores de justicia o en otras funciones, a respetar y promover las normas que protegen a la infancia y a prepararse, investigar y tener una ética profesional. “Es imperante que entendamos que para lograr una sociedad más sanas no debemos minimizar los comportamientos manipuladores o de abusos y hacer valer el interés superior de la infancia que prevalece por encima de los derechos de los adultos”. La sicóloga destacó, en coincidencia con los demás expositores que en casos de falsas denuncias la víctima siempre es el menor, no la parte denunciante. “El hijo será 100% víctima inocente que no podrá moverse del lugar donde está ya que por su naturaleza depende del cuidado y protección de esos adultos”, aseveró Fuentes Montpellier.

Lennin Morales Navarro, recordó que la terapia familias “está en pañales” dado que hace menos de seis décadas que la sicología está considerando que algo sucede en el ámbito de la familia que requiere “hacer algo”. Señaló la importancia de tomar conciencia de esta problemática porque “el pronóstico es negativo: cada hijo maltratado sicológicamente en su infancia será un adulto que al menos lastimará a veinte personas en su vida. No podrá tener una relación sana de pareja, tendrá problemas en su trabajo. Es una epidemia. No hay que alentar a alguien a separar al hijo de su progenitor. Las personas se creen falsamente que ganan el juicio quedándose con el hijo. Son cuestiones que tienen que ver con el egoísmo”.

La jueza argentina Belén Loguercio, desde hace dos años titular del Juzgado de Familia Nº 2 de Lomas de Zamora, fue entrevistada por el periodista Paulino Rodriguez. Loguercio contó que trabaja en el ámbito la justicia de familia desde hace poco más de dos décadas y que ha notado un avance favorable al respeto por los menores en las normas y tratados. Abogó porque no se silencie la voz del menor, garantizada por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y aseguró que “estos temas merecen una justicia de acompañamiento sin el cual es la nada misma”. Contó que no siempre los peritos psicólogos designados por alguno de los progenitores reconocen la existencia de un orden legal en el espacio terapéutico. “He tenido que ordenar terapias por mandato”, admitió. También afirmó que “hay una corresponsabilidad” entre los padres que decidieron formar una familia en relación con otra persona, a diferencia de las “familias monoparentales”, y que esa corresponsabilidad debe estar basada en el respeto del otro. “Si no existe ese respeto la justicia debe actuar porque los niños necesitan de la figura de los dos padres”, dijo. Y advirtió que cuando el expediente se inicia en el marco de la ley de violencia “hay que ser delicados” porque esa norma pide resolución a las 48 horas, y hay que identificar si la violencia es contra el niño o en la pareja. En ese caso, “los chicos pueden dar cuenta de ese vínculo, pero ellos no son las víctimas”.

La abogada argentina María de los Ángeles Pesado Riccardi, puntualizó que las falsas denuncias se insertan en un contexto complejo que incluye cuadros sicológicos complicados que llevan muchas veces al denunciante a “estar convencido de que lo que dice es real”. En esos casos, “desde el lugar profesional se puede asesorar para establecer relaciones sanas porque puede haber maldad, pero también pueden haber patologías serias”.

Se proyectó también una exposición del abogado argentino Ruben Melloni Anzoategui, asesor de la asociación “Mujeres sanas” quien señaló la urgencia de no perder de vista el objetivo del derecho de familia: preservar a los hijos del conflicto. “Generalmente eso no ocurre. Se los perjudica. A menudo pasa que el juicio dura suficiente tiempo como para que si el niño no fue abusado la madre lo convenza que sí lo fue y haciéndolo tratar con un equipo sicológico termina siendo una situación totalmente anormal. Eso lo evitamos con la inmediatez, el juez debe tomar contacto con las partes y en diez días obtener un resultado del gabinete sicotécnico y tomar una determinación”, dijo. Y señaló también la responsabilidad de quienes construyen y mantienen una mentira. “El que cometió un delito penal debe ser condenado y si es un delito civil debe pagar por daños y perjuicios”, afirmó.

La abogada Patricia Anzoátegui coordinó el Foro y ofreció también su experiencia y parecer. Indicó que la situación argentina es “complicada” porque si bien en 2004 se incorporó en la ciudad de Buenos Aires el uso de la Cámara Gesell y luego su validación por parte del profesional que la hizo, no es así en la justicia bonaerense donde no se exige tal validación aún cuando “los abogados y jueces no están capacitados para hacerla”. Advirtió que al victimizar a un niño, separarlo de uno de sus progenitores por un conflicto que nunca existió se está provocando las reglas de Basilea y creando una nueva franja de vulnerabilidad cuyos daños en la psiquis del menor son innegables.