San Antonio Oeste. El Consejo Local de Seguridad Ciudadana –CLSC- pidió que tanto el legislador Javier Iud como el intendente Luis Ojeda, ambos imputados por corrupción de menores, dejen sus cargos “A efectos de no obstaculizar el proceso judicial”.

El requerimiento fue elevado al Concejo Deliberante y a la Legislatura de Río Negro, con copia al gobernador Alberto Weretilneck y a distintos despachos ministeriales, lleva las firmas de Carolina Nahir Cura, Carlos Emilio Pazos y María Elina Cardelli, autoridades del organismo.

Advierten que, “en última instancia se solicitará el juicio político por inhabilidad moral a ambos imputados”.

El planteo está plasmado en un extenso documento –de unas 7 páginas- en el que se resalta la necesidad de “salvaguardar la integridad física, sexual, moral y sicológica de la menor de edad” víctima de los hechos, en la que otros dos hombres admitieron haber tenido encuentros sexuales a cambio de dinero o cocaína. Lo mismo que le atribuyen a los dirigentes políticos del FPV, y a un quinto sujeto.

Pero además resaltan los fundamentos de la petición, con la mención de la Convención Sobre los Derechos del Niño –UNICEF-; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los derechos del niño comprendidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Constitución Nacional; la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescente Nº 26.061; las modificación del Código Penal argentino sobre acciones dependientes de instancia privada Ley Nacional N° 27455; la constitución rionegrina; la Ley Provincial Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes Nº 4109/2006 y la Carta Orgánica de San Antonio Oeste.

En el pedido los dirigentes vecinales sostienen que los dos políticos cargan “inhabilidad moral” para continuar en sus puestos y además la situación “no garantiza el desempeño pleno y eficaz de sus funciones”.

Recuerdan dos antecedentes de casos en que funcionarios fueron imputados por delitos de índole sexual y fueron apartados, como el ex juez Juan Bernardi y el ex legislador Rubén López (JSRN), cuya exclusión de la cámara fue aprobada por unanimidad, con el voto de Iud.

La presentación también pone el acento en la protección de la adolescente, y en la maniobra en la que el Legislador en su propia defensa ingresó un informe al parlamento en el que “incluían fotos de la menor de edad relacionada con el hecho que se investiga, violentando normas en la exposición de la misma”.
“…. tomen las medidas excepcionales que sean necesarias en preservación de la menor de edad para garantizar la investigación imparcial de los hechos denunciados y también para transmitir a los ciudadanos la confianza necesaria en las instituciones que los representan, ya que esa es precisamente la base de legitimidad que sostiene al orden y a la paz social”, sostiene el reclamo.