San Antonio Oeste. La jueza de Garantías, Itziar Soly, admitió ayer la reformulación de cargos y la extensión de dos meses de prisión preventiva a un joven de 23 años de edad acusado de haber violado a una chica que padece una discapacidad.

El recargo de la imputación fue requerido por la fiscal Mariela Coy, quien le añadió al delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma”, el de “amenazas coactivas”.

El hecho denunciado se habría producido a principios de abril en una vivienda de esta localidad, donde el sujeto irrumpió poco después del mediodía armado con un cuchillo y tras amenazarla abusó de la mujer aprovechando que se encontraba sola con su sobrina de 12 años, quien fue testigo del episodio.

El hombre después envió mensajes de texto con frases amenazantes para que no lo denunciaran. Pero no lo consiguió, y fue detenido.  

El caso se conoció por las redes sociales relatado por la hermana de la muchacha, y generó estupor e indignación en buena parte de la comunidad.

La niña luego declaró en cámara Gésell, y su testimonio se consideró para imponerle el delito de amenazas.

Ante el vencimiento inminente de la prisión preventiva, Coy no sólo agravó la acusación, sino que requirió además la extensión de la medida cautelar por el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación que supone su libertad. 
La Defensa oficial estuvo representada por Pedro Vega y Juan José Alvarez Costa, quienes plantearon cuestionamientos que terminaron delineando la calificación legal.

Se opusieron a la prisión preventiva destacando que no existe prueba pendiente de producción en la que la libertad del hombre pudiera interferir imposibilitando su sustanciación por lo cual, destacaron, “los riesgos de entorpecimiento invocados no existen”.

En contraposición a ello requirieron que el imputado fije como domicilio aquel en el que residía antes del hecho y se le impongan medidas cautelares menos gravosas, valorando asimismo que el hombre es el único sostén de su familia compuesta por su pareja y dos niños menores de edad.

Pero Soly desestimó el planteo. Admitió la reformulación de cargos y dispuso la prisión preventiva del hombre.