Río Negro avanza en un aumento con una suma fija, ajustándose al lineamiento nacional, y su primer esbozo se delinearía mañana en un encuentro de la gobernadora Arabela Carreras con la conducción de ATE.

En el mismo lugar, el 27 de noviembre, se concretó un primer encuentro entre Carreras y esa dirigencia. En esa ocasión, el gestor fue el aún gobernador Alberto Weretilneck, ocupado del sostenimiento gubernamental de su relación con ATE y reencauzar un mal inicio con su sucedora. En ese encuentro, Aguiar se disculpó por mensajes de tono agresivos enviados a funcionarios. Carreras lo recibió favorablemente y se abrió un trato, que sostiene el ministro Rodrigo Buteler.

Mañana, la mandataria y el gremio se reencuentra, ahora con una prioridad: el próximo aumento salarial, a partir de febrero. Para enero ya está fijada un alza del 4% por acuerdos del año pasado.

Será una semana de previas y la próxima habrá fechas para el Consejo de la Función Pública y paritaria docente.

Mientras tanto, en el gobierno existe una dirección y su consecuente derivación, a pesar que el diseño todavía deba resolverse. La administración de Carreras busca alinearse a las políticas de la Nación y, en ese sentido, programa una suba con una suma fija, seguramente de 4.000 pesos, en dos o más mensualidades.

Ayer, en Bariloche, Carreras adelantó la intención. “Queremos acompañar a Nación en la medidas de las posibilidades”, declaró.

La ventaja del plan nacional radica en su condición de adelantamiento, por lo cual, las paritarias futuras permitirán su readecuación a un porcentaje.

Esa condición ofrecería una salida a la negociación con UnTER. Ayer, su secretaria general, Sandra Schieroni reiteró la resistencia a las sumas fijas aunque, también, desnudó incertidumbre en los otros campos. “Estamos realizando el segundo pedido a Trabajo para la convocatoria”, dijo Schieroni mientras reconoció el valor de la anunciada paritaria nacional. Tampoco, en ese caso, existen certezas de fechas. “Sería el 20”, aludió.

Economía analiza alternativas y, entre ellas, una corrección a la propuesta nacional estaría en modificar o eliminar el tope de los 60.000 pesos. El mismo excluye mayormente a docentes, y profesionales de Salud.