La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió una serie de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de Pedro Luro, desaparecido desde el 30 de abril en el partido bonaerense de Villarino.

La presentación tiene fecha del 8 de julio y ahora la Cancillería a cargo de Felipe Solá tiene un plazo de 72 horas para responder al pedido del organismo internacional. 

En el escrito al que tuvo acceso Télam, la CIDH solicitó al Ministerio que informe "las acciones que el Estado estaría llevando a cabo para dar con el paradero o localización de Facundo Astudillo Castro". Además, pidió saber "el avance en la investigación que se llevarían a cabo por los hechos alegados".

La presentación de la Comisión se dio luego de haber recibido "medidas cautelares" presentadas por el abogado Luis Cabaleiro.

La familia de Facundo fue la primera en plantear la "desaparición forzada" del joven. Según la investigación, fue visto por testigos, por última vez, el 30 de abril, sentado a un costado de la ruta en la entrada de la localidad de Teniente Origone. Esos mismos testigos le habrían avisado al delegado municipal quién, a su vez, se habría comunicado con el destacamento policial.

En ese sentido, el fiscal del caso, Rodolfo De Lucía, dijo a radio La Brújula que un policía fue hasta la ruta, "donde identificó a la persona que, según su declaración, era Facundo Astudillo y de hecho extrajo una fotografía del carnet de conductor que está agregada a la causa".

De Lucía agregó que entre las 3 y 4 de la tarde, en el ingreso a Origone, Facundo le dijo a ese testigo "que ya lo habían identificado en Buratovich y le habían hecho una infracción" por circular durante la cuarentena, pero que "el personal policial lo dejó continuar".

"Hay una versión que dice que podría haberse subido a un vehículo particular, que son parte de las cosas que se tratan de corraborar", expresó.

El fiscal dijo también que "hay constancias de los informes de empresas telefónicas de mensajes de texto enviados desde el teléfono de Facundo alrededor de las 21 del 30 de abril" y que están tratando de determinar quienes fueron los destinatarios.

Uno de los abogados de la familia, Leandro Aparicio, aseguró a Télam que decidieron presentar "una denuncia en la justicia federal por una desaparición forzada de personas porque quienes por última vez lo vieron con vida fueron policías y las explicaciones que dieron no son convincentes".

"Actualmente hay dos causas: una provincial por averiguación de paradero y otra causa federal (por la presunta desaparición forzada) en la cual somos querellantes particulares, pedimos una serie de medidas y algunas de esas medidas se concretaron ayer", dijo Aparicio.

El caso tuvo repercusión a nivel nacional, provocó el apartamiento de la fuerza bonaerense de la investigación y la intervención de la Justicia Federal que ordenó un allanamiento en la Subcomisaría de Mayor Buratovich en búsqueda de elementos vinculados a la presunta desaparición forzada.

Del lugar se secuestró "la camioneta donde dicen testigos que subieron a Facundo, también las actas y los celulares de los cuatro policías" que supuestamente participaron en el hecho.

El fiscal federal Ulpiano Martínez también ordenó secuestrar libros de guardia, registros y novedades de la dependencia, como así también los handies utilizados por personal policial y los dos móviles policiales para ser sometidos a peritajes.

Aparicio dijo que, en paralelo, se presentó ante la justicia provincial "un pedido de declinación de competencia a la justicia provincial y que mientras el fiscal esté en la causa no puede investigar la Policía Bonaerense, traiga cualquier otra fuerza y eso se hizo con lo cual dimos un paso importante".

Además, el abogado de la familia de Astudillo cuestionó al ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, porque "no tuvo contacto presencial con la madre (del joven desaparecido), sino que solo hablaron por teléfono".