El juez Marcelo Gómez ordenó el desalojo forzoso de los 30 imputados que resisten en la toma 21 de Septiembre, sobre terrenos del Municipio que están en Parque Industrial. Tienen 15 días hábiles para retirarse voluntariamente del lugar. "Caso contrario, la Fiscalía estará habilitada con la premura que me consta a realizar un desalojo, con el uso de la fuerza pública si es necesario", sostuvo el magistrado.

Su decisión avaló los planteos que hizo la parte acusador en la audiencia de revisión que se llevó a cabo esta mañana, en presencia de todos los imputados, su abogado defensor Martín Palumbo, el fiscal jefe Gustavo Herrera y representantes del Municipio, que interviene en la causa como querellante. Todo terminó con expresiones fuera de lugar hacia el magistrado, cuando algunos ocupantes le hicieron saber su disconformidad.

Gómez dijo que corresponde el desalojo porque no fue "acertada" la decisión de Martín, la jueza que no hizo lugar a la medida cautelar solicitada oportunamente por la fiscalía. La consideró "arbitraria y contradictoria".

Recordemos que la jueza aceptó el hecho de usurpación, pero luego dijo que tenía dudas y desechó la posibilidad de un desalojo, sin ofrecer argumentos.

"Si, por un lado, tuvo por formulados los cargos, la lógica hubiese sido que avance con el desalojo, con todas las previsiones del caso; la jueza debió resolver en ese sentido, en lugar de entrar en dudas", advirtió Gómez.

Entendió que el Municipio intentó hablar con los ocupantes y buscar una salida alternativa y pacífica al conflicto. Un grupo aceptó la propuesta y se retiró, mientras que otro grupo no avaló y permaneció firme en el lugar.

Además, recordó a los presentes que "no hace falta llegar a un juicio de responsabilidad y a una condena para avanzar con la medida cautelar que pretende la parte acusadora (el desalojo). Es más, sostuvo que "esperar que se haga un juicio, con lo que implica que estos hechos queden firmes, obviamente genera un perjuicio".

Para Gómez, los efectos de posponer la discusión, como quería la jueza, y no utilizar la medida del artículo 118 del Código Procesal Penal, respecto al desalojo forzoso, son perjudiciales. En principio, porque gravan la economía y no permiten el desarrollo de proyectos.

Citó varias veces a su colega Guillermo Baquero Lascano, quien hace pocos días atrás dispuso el desalojo de otra toma muy cercana que afecta los terrenos de una ripiera en inmediaciones del viejo asentamiento La Alameda. Gómez estuvo de acuerdo con sus argumentos para resolver el problema.

"El derecho de uno culmina donde empieza el derecho del otro. Coincido con lo opinado y resuelto por Baquero Lazcano. No podemos hacer la vista gorda a situaciones que están por fuera de la ley", enfatizó.

Ordenó el desalojo forzoso, pero aclaró que primero intima a los imputados a que un plazo de 15 días hábiles puedan abandonar el predio de forma voluntaria. El plazo comienza a correr a partir de mañana.

Dispuso que las partes intenten arribar a un acuerdo para encontrar la mejor salida al conflicto de la toma, más allá de reconocer que el Municipio realizó varias gestiones para desarticular la ocupación.

También fue el espíritu del fiscal Herrera, quien en su descargo aclaró: "Nosotros no queremos ir con palos a sacarlos. Pero tampoco podemos aceptar que la jueza mire para el costado y genere caos, porque eso fue lo que hizo. Caprichosamente, le negó al Municipio el acceso a la justicia y a los trabajadores de los alrededores; y lo único que pretendemos es que se aplique la ley en beneficio de la seguridad jurídica de todos".

Los imputados temen que nadie se haga cargo de las consecuencias de un desalojo en la toma de tierras del Municipio. "Puede haber un muerto", dijo uno de ellos, antes de que la audiencia llegara a su fin, mientras otros, los que no ingresaron a la sala, protagonizaron una sentada en Yrigoyen y España que interrumpió el tránsito durante toda la mañana.

En el Alto Valle ya se cumplió una medida similar. En Roca, por orden de la Justicia, la Policía desalojó con un gran despliegue terrenos ocupados por más de 40 familias en Roca. Los acusados por la usurpación no se fueron voluntariamente y, cumplido el plazo, se ordenó la intervención policial para que los propietarios del predio pudiesen recuperarlo.