La propuesta se conoció ayer en el marco de una reunión de la cúpula de la obra social, encabezada por Claudio Di Tella, el presidente del Colegio a nivel provincial, Marcelo Yop, el protesorero Roberto Zgaib y la presidenta del Colegio de Viedma, Valeria Guidi.

Si bien con este anuncio se buscó calmar los ánimos, por momentos el encuentro fue difícil, sobre todo cuando un miembro de la obra social reprochó a los prestadores que no se estaba entregando insulina.

La réplica no se hizo esperar. El argumento es que en la actualidad, para atender una receta de diabéticos, implica a los prestadores afrontar una inversión de 4.000 pesos con las droguerías; indicaron asistentes a esa mesa de negociaciones.

En consecuencia, se les dijo a las autoridades de la obra social que hasta tanto no haya una efectivización de las deudas continuarán las atenciones a los afiliados en forma restringida.

Se seguirán recibiendo recetas del Plan Ambulatorio al 50%, y la modalidad de “protesta” frente a los compromisos no cancelados continuará siendo la entrega a los afiliados de justificativos como para que gestionen un reintegro en los mostradores de la obra social provincial.

Este crítico momento perjudica a los afiliados que padecen dolencias crónicas, que normalmente reciben descuentos del 70% en sus medicamentos.

Luego del encuentro, Guidi admitió ante “Río Negro” que la decisión de limitar los servicios es “personal” de cada farmacia que, en algunos casos, “no dan más”. Agregó que “nos convocaron para hablar del nuevo convenio (prestacional), pero les dijimos (a las autoridades) que antes de tratar ese tema, había que abordar lo de la deuda”.

Como si se tratara de una reposición cinematográfica, a fin del año pasado, las obligaciones de la obra social eran casi similares –por unos 70 millones– aunque en ese momento los reclamos de los prestadores eran por una parte de junio, todo julio, agosto y septiembre, con el agravante de que las droguerías sólo dan 20 días para cancelar.