El hecho sucedió el 7 de septiembre del 2016, en la delegación de Desarrollo Social, ubicada en calle Las Heras de la capital provincial.

En este lugar, Aguiar y Ñanco habían ejercido violencia verbal y física, contra la fiscal Rodríguez Frandsen. Según lo relatado por el Ministerio Público, habrían prohibido la salida de la fiscal por alrededor de 30 minutos.

El juez de garantías, Fabio Corvalán, tuvo por formulado los cargos, y le imputó el hecho a los representantes gremiales.

En la misma audiencia la defensa de los imputados, el abogado Diego Sacchetti, pidió un criterio de oportunidad, ofreciendo una disculpa por parte de sus defendidos hacía la fiscal.

El criterio fue aceptado por Puntel, por lo cual Aguiar y Ñanco pidieron disculpa en la audiencia. Ahora, el fiscal pidió diez días para pedir el sobreseimiento de los imputados, aplicando el criterio de oportunidad.