El gobernador Omar Gutiérrez no podrá cumplir el pedido del presidente Macri de “colaborar” en la reducción de los costos de las tarifas porque no tiene impuestos para recortar sobre las facturas. Ayer respondió a este diario que “la provincia no tiene impuestos específicos a los servicios públicos”, aunque confirmó que se hará cargo de la mitad del costo fiscal por retrotraer la tarifa social del bimestre mayo-junio a las condiciones de 2017.

Así, Neuquén aportará $ 6,5 millones durante esos meses para compartir con Nación el 50% del costo de la tarifa social de gas para sectores vulnerables. Alcanza a unas 26.300 familias beneficiarias, 15% del los usuarios.

En una situación distinta están los municipios, que sí agregan algunos tributos sobre las facturas de servicios. El intendente Horacio Quiroga dijo que el municipio está dispuesto a una revisión de los impuestos que se aplican en la distribución de energía eléctrica cuando renegocie el contrato con Calf.

Explicó que el 6,5% que se aplica sobre el consumo de energía y corresponde al alumbrado público “no se puede modificar porque refleja el costo de un servicio que hay que pagar”. “También está incluido un 6% de canon que corresponde al derecho de uso y ocupación del espacio público que se le cobra al prestador del servicio. Esto podría revisarse, al igual que el 1% correspondiente al fondo municipal fijado a través del decreto 1210”, dijo Quiroga.

El MPN salió a marcarle la cancha con un proyecto para reducir hasta un 30% la tarifa de Calf mediante la suspensión de conceptos como el uso del espacio aéreo, alumbrado público, aporte de capitalización y el denominado ARO de devolución de inversiones de privados..

Si bien Quiroga le devolvió el planteo reclamando el 2% de Ingresos Brutos que aplica la provincia a la cooperativa -también en las boletas de gas-, desde el gobierno se explicó que el pedido presidencial sólo aplica para impuestos específicos sobre el servicio.

Río Negro no retirará de su boleta de luz el impuesto a los Ingresos Brutos que representa alrededor de un 4 % del consumo, ya que -aduce- ese concepto fue incorporado a partir del pacto fiscal firmado con la Nación.

Otras -provincias comprometieron deducciones en las cargas tributarias para morigerar el impacto en las tarifas que reciben los contribuyentes.

El gobierno de Río Negro informó que “no aplica ningún gravamen extraordinario o distorsivo sobre los servicios esenciales como lo son el gas, la energía eléctrica y el agua, que influyan directamente en la conformación de la tarifa”. Por eso, se excusó de “realizar cualquier tipo de reestructuración en ese sentido”.

Se comprometió, en cambio, contribuir con $4 millones mensuales para que se mantengan los beneficios de la tarifa social de gas, cuya incorporación debe ser solicitada por el propio beneficiario e incluye a jubilados o pensionados por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional; personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos o titulares de programas sociales; estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.

También acceden quienes estén incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico; quienes perciben el seguro de desempleo o cuentan con certificado de discapacidad.

Aclaró que el único componente extraordinario en los servicios en Río Negro es el aporte voluntario de los usuarios a los bomberos voluntarios en el caso de la energía eléctrica y el único gravamen provincial es el Impuesto a los Ingresos Brutos.

Las cooperativas de servicio eléctrico en Bariloche y Río Colorado, CEB y CEARC están exentas del pago de Ingresos Brutos y no hay ningún tipo de injerencia provincial en la tarifa final. También el servicio de agua potable que se distribuye a través de la empresa provincial ARSA.