Desde las entidades gremiales se destacó que la medida apunta a "perseguir y poner límites esencialmente a los numerosos delitos cometidos por la Policía en el ejercicio de sus funciones".

"Cuando uno se refiere al universo de fiscales de la Justicia rionegrina no puede realizar generalizaciones, pero si puede afirmar que un gran número de ellos no mide con la misma vara a la hora de perseguir o investigar las conductas presuntamente delictivas de los trabajadores y pobres y de la policía o los funcionarios políticos. Tenemos que destacar este nuevo Protocolo de la Procuraduría General porque es un avance y un intento de poner freno a la violencia institucional", manifestó Aguiar desde Ginebra.

Para la CTA "la medida aborda un tema altamente demandado por la sociedad rionegrina desde hace años y que se vincula a la impunidad con la que suelen actuar, al margen de la ley, los funcionarios públicos y principalmente los integrantes de las fuerzas policiales". 

Desde la CTA consideraron que "una importante cantidad de fiscales en la provincia no miden con la misma vara, ni persiguen con igual intensidad a los ciudadanos civiles, a la policía y a los funcionarios públicos". 

Reportó además que ha "realizado un seguimiento de los casos en los que son investigadas las probables conductas contrarias a la ley de dirigentes sindicales, trabajadores y pobres, verificando que en esos procesos las fiscalías demuestran un ánimo persecutorio que va más allá del permitido por las normas vigentes, mientras que a la hora de perseguir los delitos y abusos cometidos por los policías, se evidencia falta de voluntad para llevar adelante las investigaciones, nula actividad para individualizar responsables y menos aún procurar el castigo de los mismos. 

"Son esencialmente dos los factores en los que se basa la selectividad del sistema penal en la provincia y por consiguiente la aplicación discriminatoria de las leyes. Por un lado, la naturalización por parte de numerosos funcionarios judiciales de los abusos, vejaciones, apremios ilegales  y torturas cometidas por la fuerza policial y por el otro, el temor y miedo de investigar a personas investidas de poder político o emanado de las fuerzas de seguridad", cerraron desde la CTA.