Según se expresa “el conflicto territorial sigue siendo el eje de las dificultades que tenemos desde siempre, y que nos llevó a reclamar un proyecto de modificación de la ley de tierras inconsulto en Río Negro y la prórroga de la ley de relevamiento territorial 26160 a nivel nacional, que a más de seis meses de su sanción no ha comenzado su aplicación. Lo que demuestra claramente la ineficiencia del INAI y el verdadero desinterés del gobierno en cumplir con una reparación histórica que demandan todos los pueblos originarios de la argentina. La falta de políticas públicas en el territorio nos empobrece día a día y nos lleva a la periferia de las ciudades donde la situación no es mejor”.

“Es este mismo conflicto que ha costado la vida de Santiago Maldonado y el peñi Rafael Nahuel iem, donde la justicia muestra su lado más oscuro protegiendo a Gendarmería y Prefectura por orden del gobierno nacional. Esta Justicia que no ha detenido a ningún Prefecto, cuando todas las pruebas indican que Rafael fue asesinado por la espalda sin que haya existido enfrentamiento armado”.

Señala el documento que “la zona Andina de la Patagonia se encuentra militarizada por las fuerzas de seguridad
nacionales de Prefectura, Gendarmería, Policía Aeroportuaria, sumado a las policías provinciales, generando un marco de sospecha permanente donde el chivo expiatorio fomentado desde el gobierno nacional y la prensa, es el pueblo mapuche”.

Sostiene que “a nivel provincial hemos iniciado a fuerza de reclamos un incipiente diálogo, que debiera transformarse en hechos concretos tales como el compromiso del gobierno provincial para poner en marcha el Fondo de Desarrollo para las Comunidades previsto en la ley 2287, además de trabajar en forma conjunta en la consulta previa y consentimiento en el proyecto de parque eólico de Cerro Alto, en contrapartida el mismo gobierno estigmatiza la intervención del histórico referente de los DDHH en Bariloche el Juez Civil Rubén Marigo que ha sido un protagonista en favor del diálogo en el conflicto territorial de la comunidad Huincul Lafquen Mapu que costó la vida del peñi Rafael Nahuel. Asimismo mientras han llegado a los campos de la provincia el cobro del impuesto inmobiliario con altas subas, que agrava la situación económica y social de nuestros pu peñi pu lamien en el territorio, el multimillonario extranjero en conflicto territorial con varias comunidades de nuestra organización Joe Lewis ha sido beneficiado con la excepción del pago del impuesto de ingresos brutos y de sellos por veinte
años, lo que demuestra que este gobierno tiene distintas miradas en desmedro de quienes milenariamente hemos vivido en el territorio y quienes han venido a apropiarse a precio vil de la tierra y hacer uso mercantil de los recursos naturales”.