Una vez sancionada la iniciativa podrán matricularse quienes acrediten haber cursado una carrera terciaria o universitaria y posea título oficial habilitante de Técnico Universitario y/o Superior en AT, expedidos por universidades públicas o privadas, institutos de educación superior, universidades extranjeras, previa reválida y convalidación del título profesional por autoridad oficial de la República Argentina, y también los psicólogos, psicopedagogos o profesiones afines que cuenten con una capacitación adicional en la temática, previa matriculación ante la autoridad de aplicación.

Para los AT recibidos en cursos y capacitaciones que no revistan las condiciones previstas en esta iniciativa, tendrán 90 días (luego de sancionada la ley) para inscribirse en un registro especial en el Ministerio de Salud, deberán aprobar la evaluación de suficiencia teórico-práctica que realizará la autoridad de aplicación, y un plazo de hasta cinco años (hasta 2023) para obtener el título profesional habilitante, con la posibilidad de contar con una matrícula provisoria.

La legisladora de JSRN Marta Milesi expresó que si bien el proyecto es de su autoría, surgió por iniciativa de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos Unidos para Acompañarte (AATUA). En este sentido, agradeció a sus representantes, Mariela Balmaceda y Victoria Santangelo y a su asesora legal, Ailen Roca, presentes en el recinto durante el debate.

Explicó que el acompañante terapéutico es un trabajador de salud que opera como potenciador y facilitador en la inserción o reinserción social, en la rehabilitación, prevención de posibles recaídas, identificación y anticipación de situaciones de riesgo, en la vinculación social de las personas a acompañar, a partir de un abordaje psicosocial, cotidiano, comunitario e interdisciplinario.

Señaló que “paralelo al crecimiento de la demanda de AT, ha crecido la oferta de formación y hoy se cuenta en el territorio provincial con cursos, carreras técnicas y jornadas de capacitación de diferentes intensidades teóricas y prácticas, y por ende, de diversa calidad y, la mayoría de ellas, sin reconocimiento oficial”.

El legislador del FPV Jorge Vallaza adelantó el voto favorable de su bloque porque consideró que “los AT hacen una tarea muy sensible para nuestra comunidad”, y señaló que con este proyecto se resuelve un problema a la vez que se da un plazo para regularizar la situación de la formación.

Vallaza alentó a que tanto el Ministerio de Salud como las universidades públicas puedan ofrecer oportunidades educativas en las diferentes zonas de la Provincia, para que este conjunto de trabajadores puedan cumplir su formación antes del 2023