Permitirá hacer una cobertura más integral de las personas que conviven con una discapacidad. 

Un nuevo protocolo para actualizar el proceso de evaluación de personas con discapacidad será puesto en marcha a partir del próximo 1 de agosto. Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Nicolás Land, consideró que “se le da otra mirada a la familia en sí y a la persona con discapacidad”. 

La actualización en el proceso de entrega de certificados -CUD- permitirá hacer una cobertura más integral de las personas que conviven con una discapacidad y de sus familias. 

“Río Negro es una provincia con una realidad geográfica y territorial diversa, y estos nuevos criterios, que se ponen en vigencia desde el 1 de agosto, nos permitirán llegar a más familias y que el abordaje sea más integral. 

El funcionario participó de la VII Encuentro Federal de responsables de Juntas Evaluadoras Provinciales, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires y que reunió a referentes de todo el país. 

En la oportunidad, remarcó también que “capacitamos a casi la totalidad de los profesionales que se desempeñan en las Juntas Evaluadoras de la provincia. El proceso de modernización es fundamental, al igual que la sistematización de los datos. Para poder medir la gestión, debe poder evaluar y ver los resultados. El uso de la información es fundamental para la toma de decisiones”. 

Laura Balmaceda, presidente del Consejo Provincial para las personas con Discapacidad, destacó la importancia de este nuevo protocolo, “porque se trata de mejorar la calidad de la certificación y esto conlleva a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, para que tenga una vida plena e inclusiva”. 

Por su parte, Alejandra Frey, directora Nacional de Políticas y Regulación de Servicios de la Agencia Nacional de Discapacidad, indicó que “se incorporan algunas variables para poder mejorar la calidad de información y de datos que recabamos, con un objetivo fundamental: mejorar la calidad de vida de las personas. La idea es, a partir de ese insumo, intervenir directamente en los hogares donde viven familias que tengan un integrante con discapacidad en situación de dependencia, o donde los factores contextuales no colaboren para que pueda incluirse en la sociedad”.