San Antonio Oeste. La Superintendente General de Aguas de Río Negro resolvió una multa de 113.366,27 pesos a tres hombres de apellido Iparraguirre por haber obstruido un brazo del río Negro, en General Conesa.

Habían construido un terraplén que interfería el libre escurrimiento de las aguas en una chacra de su propiedad.

El monto de la sanción se corresponde con los gastos que demandaron los trabajos de restitución que efectuó el DPA, con maquinaria y personal propio, que posibilitaron que el torrente continuara corriendo.

El operativo se efectuó “con el apoyo de la fuerza pública”, indica un aviso publicado en el Boletín Oficial.

El expediente se inició en 2016. El documento puntualiza que “se intimó a los infractores a que en un plazo perentorio, procedan a retirar el mencionado terraplén”, y “restituir a su estado original el sector del cauce alterado, ello bajo apercibimiento de ser realizado por la autoridad de aplicación, a costa del infractor”.

Pero no acataron la orden.

El procedimiento, explicaron las autoridades, obedeció a lo expresado por el Código de Aguas, que sostiene que: “Los usuarios de agua pública de uso común y los propietarios ribereños están obligados a abstenerse de realizar actos o hechos que perjudiquen o entorpezcan el régimen y el libre escurrimiento de las aguas”.

Esa misma normativa dice que: “Están igualmente obligados a remover del cauce, lecho, playas y riberas los obstáculos que hayan tenido origen en sus predios, siempre que la remoción signifique una real necesidad común o de interés general”.

La resolución destaca además que el DPA “podrá, por su propia autoridad, reponer a su primitivo estado, cuando lo estime necesario o conveniente, el curso de agua, su lecho, playas, riberas y márgenes, ocupados por particulares o aun por organismos estatales sin el correspondiente derecho otorgado regularmente por autoridad competente”.