San Antonio Oeste. Los abogados Rafael Agugliaro y Miguel Galindo Roldán, quienes asesoraron al municipio y actuaron en el conflicto por valiosas tierras con la familia Tarruella, presentaron un reclamo por el cobro de honorarios y embargaron la coparticipación comunal por casi 4 millones de pesos.

Ambos profesionales defendieron al estado municipal durante la gestión del ex intendente Adrián Casadei, cuando la causa se sustanciaba en la esfera de la Justicia Civil.

La disputa era por una franja de tierra de cerca de 170 hectáreas cercanas al mar, en una paradisíaca zona ubicada al sur de Las Grutas.

Sin embargo cuando asumió la intendencia el actual legislador Javier Iud, se avanzó en un acuerdo extrajudicial que se concretó con un reparto que le correspondió el 65 por ciento de los terrenos al municipio, y el restante 35% para los herederos de Tarruella.

En marzo del año pasado, ante el requerimiento de los interesados, la jueza María Gabriela Tamarit, titular del Juzgado Civil, Comercial y Minería N° 1 de Viedma, resolvió regular los honorarios de los abogados que actuaron en distintas instancias del litigio

La magistrada dispuso el pago de 3.946.415,88 pesos para Galindo Roldán y Agugliaro, quienes representaron al municipio en los primeros tiempos de la causa, por lo que el estado comunal debería responder a ese compromiso.

También determinó que el municipio debía abonar 896.016,58 pesos a Arturo Agustín Kreiber, quien ofició de perito tasador.

Se desconoce, hasta el momento, si Kreiber presentó algún tipo de reclamo para cobrar.

Mientras que a Ariel Alice, Fernando Casadei, Enrique Echarren y Edgar Echarren les corresponden, según la magistrada, 2.271.558,65 pesos. Los cuatro profesionales trabajaron para la familia Tarruella, y ellos deben abonar el monto.

Contrataron al socio

En el caso de Agugliaro, era asesor legal del municipio en la gestión de Adrian Casadei, pero el intendente en ese momento dijo que no alcanzaba con un abogado y contrató a otro. La casualidad quiso que contrataran al socio de Agugliaro, es decir a Galindo Roldán. Siempre se dijo que Agugliaro no debería cobrar ya que los vecinos de San Antonio le pagaron un sueldo todos los meses cuando defendía al municipio.

Sorprende, porque de todos modos presentó el pedido de embargo.

Pero este culebrón por las ya famosas Tierras de Tarruella no ha terminado.

Todavía falta que se le pague a Néstor “Bicho” Torres, asesor municipal en el gobierno de Iud,  quien reclama un millón de pesos más.

Como condimento a agregar, tanto Torres como Galindo Roldán habían anticipado que el juicio lo ganaba el municipio. Pero de todos modos acordaron repartir las tierras.