La conducción de San Antonio Oeste de Juntos por el Cambio, a través de su referente Nicolás Carassale, apoya la decisión tomada por los dos tercios de los concejales de nuestra ciudad de ratificar la ordenanza vetada por el intendente Luis Ojeda, que establece límites al acceso de familiares de funcionarios a puestos de la administración pública municipal y a la contratación de proveedores que tengan vínculos parentales con quienes se desempeñan en la planta política.

La medida alcanza a los tres poderes de Estado (Ejecutivo, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas) y a la Defensoría del Pueblo.

Nuestro respaldo a esta ordenanza no es oportunista, sino que se trata del accionar consecuente con las políticas implementadas por el gobierno del presidente Mauricio Macri que ya el año pasado, vía decreto, estableció esta limitación.

La carrera del agente municipal no puede ser devaluada con contrataciones indiscriminadas sino, al contrario, debe ser jerarquizada permitiendo acceder a los cargos que se generen o que queden vacantes por medio de exámenes de ingreso y de idoneidad.

Al mismo tiempo somos partidarios de darle la oportunidad de escalar en las diferentes categorías a empleados de planta permanente, a los que se tienen postergados desde hace años por estas malas prácticas de gobierno.