El Estado rionegrino asignará recursos a cuatro fondos de Viviendas, ajenos al IPPV, el organismo de ejecución habitacional de Río Negro. Mientras tanto, ese instituto continúa con las entregas de los barrios de Techo Digno, iniciados por los municipios pero transferidos en el 2016 a la provincia para su finalización.

El gobernador Alberto Weretilneck entregó ayer 78 unidades en Viedma. Seguirá hoy con las 86 de Río Colorado y las 31 de General Conesa, y el viernes continuará con las 89 de Colonia Fátima de Cervantes. Río Negro ingreso en las últimas cesiones de esos barrios cedidos por los municipios, con fondos de Nación y complementación provincial.

Los reales aportes es una discusión permanente entre partes. Ayer, en el discurso, el vicegobernador Pedro Pesatti habló de “un 60% de la provincia y un 40 de la Nación”.

Escasez de recursos en la política habitacional. Aún así, la provincia profundiza su decisión de asignar dineros públicos a fondos para viviendas por fuera del IPPV. En principio, creó uno para docentes y, luego, repitió para estatales de la administración central, con administración de Unter y ATE, respectivamente. Ahora, propone un tercero para policías, que -en este caso- será manejado además por otra área estatal:Seguridad.

Antes, en el 2010, la Legislatura incursionó en la temática y conformó un Fondo para sus empleados, que dirigió APEL. Años después fue intervenido por las irregularidades, que derivó en causas e imputaciones penales en trámite.

Con la segura aprobación parlamentaria del esquema policial, el Estado aportará a cuatro financiamientos para viviendas, extraños al IPPV, que se sabe de su estrechez por su baja disponibilidad de asignaciones provinciales y consecuente dependencia de Nación.

Economía sigue enviando recursos al Fondo legislativo y ya sumó al de Unter mientras ATE está en el trámite final y falta aprobar el policial. En marcha todos, la provincia destinará unos 130 millones anuales en esos apartados de la estructura del IPPV. Las partidas son variables, pues surgen de un porcentaje de las masas salariales.

Actualmente, el Instituto está atado a los recursos federales (FONAVI), que este año llegará a los 900 millones. La otra disponibilidad permanente corresponde al pago de cuotas, con poco incidencia, entonces el instituto -bajo la conducción de Jorge Barragan- avanzó en planes para mejorar esos recursos, incluso usando la vía judicial. Hasta ahora, esa inyección está en los 100 millones por año. En concreto, las asignaciones programadas para los nuevos Fondos supera ampliamente el recupero del IPPV.

El nuevo sistema para policías también se fundamenta en la real “problemática habitacional” y el rol del Estado de “procurar el acceso a una vivienda digna”. Plantea “necesaria contar con nuevas operativas. Pero, los recursos parten siempre de la misma caja provincial.

La dispersión estatal se acentúa y evidencia -como mínimo- una clara contradicción gubernamental, que deprecia -aún más- al histórico IPPV.