“Esta ley le cambiará la vida a más de 8 millones de inquilinos de todo el país, que frente a un contexto económico y social crítico han tenido que adaptarse a las crecientes exigencias del mercado inmobiliario sin poder de negociación ni resguardo de sus derechos”, expresó Larraburu.

La autora y propulsora de la reforma viene trabajando desde hace cuatro años junto al Frente Nacional de Inquilinos para que este proyecto sea ley. La iniciativa obtuvo media sanción unánime en la Cámara de Senadores el 23 de noviembre del 2016 y posteriormente dictamen en la Cámara de Diputados en 2018, sin embargo por falta de tratamiento en el recinto perdió estado parlamentario.

“Esta ley representa un derecho social para las familias argentinas que viven en constantes mudanzas, por eso se viene planteando un plazo de contrato mínimo de tres años siguiendo la tendencia mundial y un índice de actualización anual que brinde estabilidad y certidumbre a las contrataciones”, resaltó.

Larraburu destacó la militancia de las agrupaciones de inquilinos de todo el país, que nucleados en el Frente Nacional de Inquilinos, reclaman hace más de 7 años una solución a la evidente desigualdad en los contratos locativos.

Y finalizó: “Una vez que ingrese la media sanción a la Cámara de Senadores, pediré a las autoridades de la Comisión de Legislación General y a mis pares que demos prioridad a este proyecto. Es un verdadero logro de la democracia haber consensuado una ley tan importante y es un gran orgullo para mí haber sido la propulsora en el Congreso de la Nación”.