Lo hizo después que el juez Ignacio Gandolfi convalidó la “suspensión de juicio a prueba”, luego de la cesión de los imputados de cinco lotes en favor del Estado provincial, cotizados en unos 10,5 millones de pesos.

La resolución alcanza a Gonzalo Angos, Ricardo Angos, Susana Inostroza, Mario Montero de Espinosa y Alberto Otermin. Pero aún queda resolver la participación del secretario General de APEL, Alejandro Gatica y otros.

Habiéndose opuesto en la instancia penal al pedido de suspensión del juicio y rechazado la reparación ofrecida por los imputados, por considerar que no satisfacía ni mínimamente, el daño al patrimonio público, la Fiscalía de Estado inicio demandas a los efectos de lograr su reparación en sede civil.

La primera asciende a $2.642.926,09 a partir de la presunta compraventa de nueve parcelas de tierra ubicadas en Bahía San Blas; la segunda por $25.118.987 motivada en la adquisición del inmueble ubicado en Viedma, y una tercera por $41.211.256,53 a partir de la adquisición del inmueble ubicado en la ciudad de Viedma.

Finalmente la cuarta demanda asciende a $1.364.906,79, a partir de haberse abonado mediante tres recibos otorgados por la compra de dos manzanas por una operación resulta inexistente.