San Antonio Oeste. El fiscal Juan Pedro Peralta solicitó hoy la audiencia de formulación de cargos para el director de Inspección General del municipio local, Nicolás Murguiondo, por la muerte de Nicolás Gutierre, el joven de 17 años que sufrió una fatal descarga eléctrica mientras jugaba un partido en la cancha de fútbol 5 del club Rácing.

La causa, que transcurre hasta el momento por dos carriles, ya tiene a otros dos imputados: Ruberto Barilá, presidente de la institución donde ocurrió el hecho, en febrero de este año. El otro es Paulo Sandoval, encargado de alquilar la cancha. Homicidio simple con dolo eventual, les impuso la fiscal Mariela Coy.  

Murgiondo, en cambio, está acusado por el delito “de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Su nombre se viene mencionando desde que ocurrió la tragedia. Los familiares del adolescente lo apuntan, como también al propio intendente Luis Ojeda, por su presunta intervención en el trámite de inspección del lugar, que no se habría concretado.

Supuestamente el pedido de imputación se iba a emitir la semana anterior, y trascendió que le impondrían el mismo cargo que Barilá y Sandoval, lo que ahora quedó desestimado.

Según destaca un comunicado del Ministerio Público Fiscal, la medida requerida por Peralta se tomó “Luego de diversos encuentros con familiares de la víctima y su representante legal y de recabar extensa información”.

Los cargos y pruebas

Peralta le atribuye a Murguiondo “la inobservancia de artículos fundamentales de una ordenanza al no requerir que se inspeccionen las instalaciones del Club Atlético Racing para verificar las condiciones de seguridad necesarias para su habilitación municipal”, informaron las fuentes.

Según la Fiscalía, tal omisión “posibilitó que dentro de dicho predio funcionara comercialmente una cancha de “fútbol 5” con una precaria instalación eléctrica que carecía de disyuntor diferencial y cableado de puesta a tierra”.

“Allí, el 23 de febrero pasado Matías Nicolás Gutierre, sufrió una descarga de energía eléctrica desde el alambrado metálico perimetral, que le produjo la muerte por paro cardiorespratorio”, puntualiza el documento judicial.

Entre el sustento probatorio recabado para arribar a tal imputación se cuentan entrevistas a una decena de persona y el análisis de ordenanzas, registros de asambleas, notas enviadas entre el municipio y los clubes y el análisis de diversas actas de inspección.

También se sumaron certificados médicos, informe de peritos, croquis y el resultado de una inspección ocular que funcionarios del Ministerio Publico realizaron al lugar en el que sucedieron los hechos, además de una quincena de declaraciones testimoniales, agregaron las fuentes.

Esta acusación, que se formalizará en los primeros días de octubre, se suma a la imputación que pesa sobre los dos hombres que gestionaban el predio deportivo quienes ya están acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual. Fue realizada el 11 de junio pasado y estuvo a cargo de la fiscal Mariela Coy.